Diego Gotelli C.

Tras dos semanas de vacaciones, esta jornada se esperaba que los escolares del país volvieran a las actividades académicas al concluirse sus adelantados descansos de invierno, retomando así los estudios remotos iniciados a mediados de marzo cuando se decretó el cierre de los colegios, como una medida para evitar una mayor propagación del Covid-19.

Esta modalidad, basada principalmente en cursos online, ha sido cuestionada por el Ministerio de Educación, que ha puesto en duda su eficiencia, y destapó un roce entre los apoderados y los establecimientos educacionales respecto a si se deberían seguir pagando las colegiaturas completas. Una tensión que, según los reclamos que llegan al Sernac, también se ha vivido en la educación superior.

De acuerdo a las cifras del servicio entregadas a hoyxhoy, entre marzo y abril han recibido cerca de 2.200 quejas formales vinculadas a la educación, que representan el 22% de todos los reclamos registrados durante la crisis sanitaria. Un ítem que va al alza, pues a inicios de mes sólo se habían ingresado 275 quejas educacionales.

Las causas apuntan principalmente a que no se han congelado o rebajado los aranceles, considerando que los estudiantes no están asistiendo a clases presenciales, y apuntan en su mayoría a las universidades (52%) y a los institutos profesionales (24%). Los colegios, en tanto, acumulan el 9% de las quejas, con cerca de 200 reclamos.

Desde el organismo señalaron que se está en coordinación con las autoridades sectoriales para analizar los casos, y recordaron que la Superintendencia de Educación ha oficiado a que los establecimientos deben entregar "una prestación equivalente" en materia educacional durante este periodo excepcional.

El documento al que aluden fue publicado a fines de marzo, y en él se establece que los sostenedores tienen derecho a cobrar lo acordado, incluso en estas nuevas condiciones. Sin embargo, el superintendente Cristián O'Ryan precisó que los establecimientos están obligados a reprogramar sus planes y programas, entregar material de apoyo a sus estudiantes y seguir suministrando sus contenidos a los alumnos.

La entidad ha recibido 74 denuncias durante la crisis por el Covid-19, entre el cobro de mensualidades por clases no cursadas; la no entrega de material; falta de clases online; sobrecarga de tareas; el no respetar las vacaciones de invierno; y falencias sanitarias.

Desde la Corporación de Colegios Particulares (Conacep), su presidente Hernán Herrera defendió el cobro de mensualidades, pues afirma que son contratos anuales y que el valor mensual corresponde a una de las opciones de pago. Advirtió además que las colegiaturas permiten cubrir los costos del personal, los que representan cerca del 80% de los gastos de los recintos, y aseguró que las clases online han generado una reducción de costos en torno al 5% del presupuesto, que se compensa con la inversión para la digitalización.

Pese a ello, ve factible que se entreguen beneficios segmentados, como becas o apoyo, a familias que han disminuido sus ingresos, aunque precisó que se debe ver caso a caso según la realidad del establecimiento. "No todos los colegios son millonarios. Eso es una caricatura", enfatizó.

¿y las universidades?

En materia universitaria, el tema arancelario ha sido debatido en el Consejo de Rectores (Cruch). Desde la agrupación indicaron que sus 30 instituciones representadas acordaron entregar beneficios a los alumnos, como prórrogas sin intereses, apelaciones de becas a quienes les cambió su situación socioeconómica, o congelar sus carreras.

Sin embargo, han rechazado un proyecto de ley que está siendo discutido en la Cámara de Diputados, que busca suspender el cobro arancelario. Según dijo su vicepresidente ejecutivo, Aldo Valle, ante la comisión que analiza la iniciativa, el momento financiero de los planteles "es complejo", pues junto a una menor matricula y la inversión científica por la pandemia, las Ues debieron gastar más de $16 mil millones para adaptar las clases a este contexto, incluyendo, entre otros costos, el pago de licencias de softwares y la entrega de equipos a alumnos vulnerables.

"Hay colegios que tienen la capacidad financiera para rebajar los pagos a todos, pero son muy pocos los que se pueden dar ese lujo.

hernán herrera, presidente colegios particulares"

la superintendencia permite los cobros, pero sólo si se garantiza el acceso a los contenidos educativos.

gremio de colegios y las universidades aseguran haberse adaptado para continuar los estudios.

los incumplimientos en la entrega de contenidos se pueden denunciar en el sitio http://denuncias.supereduc.cl.