Javiera Navarro

David Vega tiene 32 años y vive en la calle. "Con la pasta base perdí todo, el trabajo, mi familia... todo", contó. Él es una de las 10.610 personas que viven bajo puentes, en esquinas techadas, parques y otros puntos callejeros en el país. Cuatro mil 957 de ellas lo hacen en la Región Metropolitana.

El Ministerio de Desarrollo Social presentó ayer el primer catastro que caracteriza a quienes viven en esta situación, a fin de garantizarles protección social y acceso a beneficios estatales, privados y de ONGs.

Entre agosto de 2016 y de 2017, se hizo un levantamiento voluntario para registrar a las personas. Se encuestó en 126 comunas y las regiones que tuvieron más individuos sin hogar fueron la Metropolitana (43,9%) y Valparaíso (11,9%).

La evaluación reveló que 5.762 tienen ingresos laborales, ya sea formales o informales, que no superan los $100 mil mensuales. Un 77% recibe la pensión básica solidaria y el 15% recibe pensiones contributivas. Hay un 8% que no percibe pensión.

Al analizar los datos, el ministerio definió tres grupos prioritarios para la intervención social: primero, hay 91 adultos mayores que no tienen pensión básica ni aporte previsional solidario de vejez.

"Están en condiciones de tenerlos, de recibir los $103 mil mensuales de la pensión básica solidaria y que tendría un impacto significativo en la vida de estas personas", sostuvo el ministro Marcos Barraza. En los próximos meses podrán acceder al beneficio previsional.

El segundo grupo consiste en quienes tienen dependencia moderada o severa, que podrían ser aptas para la pensión por invalidez. Son 171 personas que serán acreditadas con ayuda de encargados de la cartera.

Por último, 1.262 que no están en el Registro Social de Hogares y que serán contactados para que se inscriban y puedan postular a beneficios sociales de distinta índole.

El 85% de los sin casa son hombres (9.015), de entre 45 y 59 años. El promedio de escolaridad es de 8,3 años y la primera razón por la que quedaron en la calle es por problemas con su familia o pareja (62,8%), seguido por el consumo problemático de alcohol y drogas (15%).

Sólo el 1% son extranjeros, mayoritariamente peruanos, y un 6,4% del total dijo pertenecer a algún pueblo indígena.

"Hay muchas personas que han decidido no ir a un albergue porque su punto de calle es su lugar de vida", explicó el subsecretario de Servicios Sociales, Juan Eduardo Faúndez.

En la RM hay 990 camas de albergues disponibles y más de 200 atenciones diarias sociales "a domicilio".

el fono 800104777 para reportar personas que viven en la calle o solicitar información sobre albergues.

Hasta los bomberos llegaron al Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino, dependiente del Sename, durante la mañana de ayer, ya que mientras los funcionarios de la Asociación de Trabajadores del organismo (Antrase) se tomaban el local, dos niños se subieron al techo.

"Pasó por que hay sólo un educador que no puede contener a los 67 niños, cuando deberían haber tres", denunció Hernán Olivi, dirigente nacional del gremio. Sostuvo además que no hay enfermeros ni médicos, y que viene un psiquiatra por dos horas a la semana, lo que es un "problema del que no queremos ser cómplices, en un centro con niños bastante complejos", agregó Olivi.

La directora regional metropolitana del Sename, María José Montero, dijo que las acusaciones son imprecisas: "Sí hay psiquiatras y enfermeras, se han invertido $720 millones en estos últimos años" y pidió que se unan a la mesa técnica para conversar.

El abogado de la Fiscalía Especializada Delitos Sexuales, Guillermo Adasme, fue designado para investigar al religioso de la congregación Hermanos Maristas, Abel Pérez, acusado de cometer al menos 14 abusos sexuales en contra de estudiantes del Instituto Alonso de Ercilla de Santiago y el Colegio Marcelino Champagnat de La Pintana. Los casos fueron reconocidos por la entidad, que asumió que los confesó el propio aludido el 2010, cuando fue alejado de funciones con niños y dejado sólo en labores administrativas. Hoy está en Perú, pero según los Maristas, Pérez garantizó que se presentará ante la justicia chilena. Los ilícitos se habrían cometido desde los '70.