Diego Gotelli C.

Tras dos años de tramitación y polémicas por una posible vulneración a la privacidad, la sala del Senado aprobó de forma transversal la llamada Ley de Evasión, quedando lista para ser promulgada.

La normativa, que ya había sido visada por la Cámara Baja, modifica la ley del Tránsito para reforzar las sanciones a los pasajeros que agredan a los fiscalizadores del Transantiago; acredita el uso de tecnologías para medir o bajar la evasión; y potencia el Registro de Pasajeros Infractores con medidas más sancionatorias.

Este punto fue el más resistido por los parlamentarios, debido a un posible mal uso que se le pudiera dar al registro. Por ello a la medida se le incluyó que los antecedentes del listado serán privados y puedan sólo solicitarse vía Ley de Transparencia.

"Aquí no hay ningún Dicom del Transantiago. Sus datos no van a estar disponibles públicamente", defendió la ministra de Transportes, Paola Tapia. "No estamos por estigmatizar a nadie, sino por buscar las herramientas necesarias para seguir bajando la evasión (...) pero eso requería de una ley marco", agregó.

El registro incluirá a todo pasajero multado por no pagar su pasaje en el transporte público, y que tras la fecha de citación al Juzgado de Policía Local tampoco haya cancelado la infracción.

Para fomentar el pago, la medida contempla una rebaja del 50% de la multa a quien la cancele antes de la citación. Por contraparte, los evasores del registro no podrán obtener la licencia de conducir, el permiso de circulación o el pase escolar.

"Si una persona no paga su pasaje está perjudicando a la persona que va al lado que sí está haciendo el esfuerzo de pagar", afirmó Tapia.

Según señalaron desde el ministerio, para que debute el registro primero debe transferirse la información del "subregistro de pasajeros infractores" a cargo del Registro Civil hacia esta nueva plataforma que se creará. Para ello se dará 60 días tras su publicación en el Diario Oficial, por lo que el registro podría debutar a inicios de abril.

El presidente de la comisión de Transportes del Senado, Juan Pablo Letelier, valoró el despacho de la normativa, ya que "hasta ahora ha habido mucha impunidad (con la evasión) y esto no sólo genera malestar para quien sí paga, sino que también genera un gasto público mayor y es un daño a todos los chilenos".

26% fue la tasa de evasión entre julio y septiembre. A fines del 2016 era de 34,6%.

50% de rebaja tendrán los evasores multados que paguen previo a la citación al Juzgado de Policía Local.

a inicios de febrero se publicará la normativa en el Diario Oficial. Dos meses después debutará el registro.

Un consorcio privado presentó ayer un proyecto que pretende producir energía a partir de residuos domiciliarios, lo que permitiría optimizar el uso de los recursos naturales y aumentar el reciclaje en la capital.

Dentro de los desechos que se ocuparían en la planta se encuentran papeles, cartones, restos de alimentos y jardines, orujos de uva y aceites, cáscaras, etc.

A cargo de este proyecto se encuentra la empresa internacional Pöyry, que cuenta con el apoyo de la Universidad de Santiago, la Intendencia Metropolitana, el Ministerio de Energía, entre otros.

"La idea central es ahorrar recursos y además colaborar con la descontaminación del país, comentó Juan Manuel Zolezzi, rector de la Universidad de Santiago de Chile.

La planta de energía tendría una superficie de 8 hectáreas, que estarían construidas en ocho años. La inversión ascendería a 203 millones de dólares, dinero que se recuperaría después de 5 años de funcionamiento.

Su posible ubicación aún no está clara, sin embargo el intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, planteó que "ya que tenemos todos los rellenos sanitarios en el sector poniente de la ciudad (...) por qué no pensamos en tener alguna planta o relleno en el sector oriente".

Dirigentes políticos de distintos sectores respaldaron ayer el proyecto gubernamental para reemplazar las penas de condenados por delitos de lesa humanidad que sufran enfermedades terminales. La propuesta las conmuta por arresto domiciliario en casos certificados y exige la entrega de información y arrepentimiento . La senadora UDI Jacqueline Van Rysselberghe lo calificó como "un gran avance (...) Situaciones humanitarias no tienen que estar teñidas por variables políticas", dijo. La diputada electa Carmen Hertz (PC) también la apoyó."Nunca nos hemos opuesto a que enfermos terminales criminales (...) cumplan la pena de arresto domiciliario, siempre que el carácter terminal de la enfermedad sea certificado". El DC Pedro Araya añadió que la iniciativa "merece un estudio serio".

Un camión con 200 televisores de 58'' fue hallado en Carampangue, en Quilicura. En aproximadamente 600 millones de pesos fue avaluado el total de la mercancía que se habría robado. El chofer del vehículo quedó detenido y ambos camiones, el de la empresa y al cual se le traspasó la carga, quedaron incautados. El subprefecto de la jefatura nacional de Robos de la PDI, Renzo Araya, contó a CHV que ubicaron el vehículo por el rastreo del GPS.

La Corte Internacional de Justicia fijó la fecha para las audiencias orales de la demanda marítima que Bolivia mantiene contra Chile. El proceso se realizará del 19 al 28 de marzo y será la última fase antes de que La Haya emita su fallo. El canciller Heraldo Muñoz tuiteó que el equipo chileno está "muy bien preparado" pues desde la entrega de la dúplica "comenzó la planificación de los orales, incluso antes conocer fecha".