Magdalena Frontaura

A través de una entrada denominada "Operación por la expansión de las hostilidades a los verdugos" en el sitio "Contrainfo", una organización autodenominada "Cómplices sediciosos / Fracción por la venganza" se adjudicó ayer los ataques con paquetes bomba que afectaron el jueves de la semana pasada a la 54ª Comisaría de Carabineros y el que llegó -sin explotar- hasta la oficina del exministro del Interior Rodrigo Hinzpeter.

El escrito destacó que los objetivos de las acciones terroristas fueron específicos: Hinzpeter y el mayor de Carabineros Manuel Guzmán: "No nos interesa ni buscamos dañar o herir a cualquier persona", aseguró el texto reivindicativo.

"Reivindicamos el envío de dos paquetes bomba compuestos de pólvora negra y dinamita dirigidos a Rodrigo Hinzpeter y al Mayor de Carabineros Manuel Guzmán de la 54 comisaria de Huechuraba", agregó el post.

El supuesto grupo anarquista expresó que la operación fue "un acto de venganza y guerra contra individuos que sostienen y dirigen este mundo", ya que los destinatarios "toman decisiones fundamentales en el fortalecimiento de la opresión".

Respecto de Hinzpeter, el grupo lo tildó de "encargado de desatar la represión a comunidades mapuche en lucha, a entornos anarquistas y a sectores estudiantiles movilizados y radicalizados en el fragor de la lucha callejera. Carga con los cadáveres de Manuel Gutiérrez, los 81 presos de la cárcel San Miguel y los heridos de las revueltas de Aysén y Freirina".

Desde la Fiscalía a cargo de la investigación señalaron a T13 que el texto es "un antecedente más para la investigación", pero descartaron cerrar la hipótesis con esta supuesta autoría.

Además, el grupo saludó a "quienes están secuestrados por el Estado" y mencionó a los condenados por atentados en el Metro.

sin detenidos La investigación aún no tiene detenidos por el envío de las bombas.

la fiscalía dijo que el texto reivindicatorio "es un antecedente" en el caso.

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El Gobierno afirmó ayer que "no se dejará presionar" para acelerar la entrada de migrantes venezolanos, tras las críticas del gobernador de la ciudad peruana de Tacna, Juan Tonconi.

"Ningún país nos va a venir a presionar para efectos del ingreso de migrantes. Chile es completamente soberano, vamos a ejercer nuestra soberanía; en Chile se respeta la ley tanto para los nacionales como para los extranjeros", dijo al respecto el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

El jefe de gabinete se refirió así a declaraciones del gobernador Tonconi, quien pidió a La Moneda "resolver de manera urgente" el problema de los centenares de venezolanos que están en la frontera entre ambos países, con la esperanza de ingresar a Chile. Luego de poner en vigor la exigencia de un visado consular para ingresar a Chile, el Ejecutivo facilitó el desplazamiento de los migrantes hacia Tacna, para que tramiten el documento en el consulado chileno en esa ciudad peruana.

Así, desde hace más de un mes, centenares de venezolanos permanecen en precarias condiciones en los alrededores de la sede consular y Tonconi advirtió el domingo que iniciará los trámites "para recuperar" la casona que ocupa el consulado si Chile no resuelve a la brevedad la situación.

Los excancilleres José Miguel Insulza y Heraldo Muñoz expresaron también su rechazo a las advertencias de Tonconi. "El gobernador de Tacna no tiene autoridad para hacer salir al consulado de Chile de la casona que ocupa", afirmó Muñoz.

El presidente del Senado Jaime Quintana (PPD) se mostró de acuerdo con la decisión del titular de la Cámara Baja, Iván Flores (DC), quien encargó estudios para analizar la posibilidad de trasladar el Congreso Nacional desde Valparaíso a Santiago. De todos modos, adelantó que la propuesta debe ser debatida "con tiempo".

"Lo que le planteé al presidente de la Cámara, cuando conversamos este tema hace poco más de un mes, es que hay que entender que en esto cualquier medida que se adopte no es de corto plazo. Está bien hacer los estudios, no hay ninguna duda que hay una situación de costo asociado que no ayuda a la eficiencia del Congreso", dijo Quintana sobre la opción de cambio.

En este sentido, el presidente de la Cámara Alta destacó que "lo primero que habría que hacer, y así se lo hemos recomendado al presidente de la Cámara de Diputados y podemos hacerlo en conjunto este año, es sacar adelante una ley que modifique o derogue una que viene del año 1987, donde la Junta Militar estableció que el Congreso debía sesionar en Valparaíso". Según Flores, entre los factores que explicarían la necesidad de mover el Congreso a Santiago es el costo de los trayectos, cercanía física con los otros dos poderes del Estado y el gasto de $6.000 millones para reparar la sede en Valparaíso.