Leo Riquelme

Parlamentarios de la Democracia Cristiana concurrieron ayer a Contraloría para solicitar la apertura de una investigación al Servicio de Impuestos Internos (SII), que acogió una petición del grupo Penta para rebajarle más de 1.400 millones de pesos en impuestos por los gastos en que incurrió para defender judicialmente a sus dueños, quienes fueron condenados por delitos tributarios y financiamiento irregular de la política.

"Esto es una expresión dramática del abuso", dijo el presidente de la colectividad, Fuad Chain, quien recordó que durante el primer gobierno de Sebastián Piñera sucedió algo similar con una decisión del entonces director Julio Pereira en favor de la multitienda Johnson's, y que terminó con sus representantes fuera del servicio tras un informe en contra del mismo regulador por la medida.

"Lamentamos que el SII tenga esta actitud de perdonazo con los grandes contribuyentes y una persecución permanente con los pequeños", agregó el diputado falangista Miguel Ángel Calisto.

La DC adelantó que buscará las firmas para impulsar una comisión investigadora en la Cámara de Diputados.

El director del SII, Fernando Barraza, defendió la decisión asegurando que está apegada a la ley, que la puede pedir cualquier contribuyente y que la rebaja se ajusta al criterio de "gastos necesarios" de las empresas, porque a su juicio defenderse judicialmente es parte de su quehacer.

El presidente de la Asociación de Fiscalizadores del organismo, Juan Apablaza, respondió en TVN que el director hizo una "interpretación antojadiza" de la ley, pues recordó que la defensa que ahora rebajó Penta fue porque el grupo cometió delitos tributarios. "Esto no se apega al espíritu de la norma", agregó.

Uno de los defendidos por Penta fue uno de sus fundadores, Carlos Alberto "Choclo" Délano, uno de los mejores amigos del Presidente Sebastián Piñera.

Ayer el Gobierno deslindó en el SII la decisión de rebaja y el vocero Jaime Bellolio valoró que el organismo abriera una auditoría interna para analizar el caso.

en 2013 contraloría cuestionó la actuación del SII ante grandes contribuyentes. Causó la renuncia del director.

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El presidente de la Confeceración de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, criticó el nuevo proyecto de retiro del 10% de las AFP, pero especialmente en aquella parte que permite giros a quienes reciben sus jubilaciones por parte del sistema de Rentas Vitalicias.

"Es inconcebible", dijo el dirigente a radio Cooperativa, porque "esa persona deja de ser dueña de ese activo, se lo pasa la compañía".

El dirigente del gran empresariado nacional se sumó a algunas voces del oficialismo, que alertan que las personas que reciben sus pensiones por ese mecanismo firmaron contratos de traspaso de sus dineros desde las AFP y convinieron el pago en determinado número de cuotas y con montos precisos.

Para Sutil, si este proyecto prospera "estamos fuera de la Constitución, de las leyes, y si tuvieran que asumir las compañías de seguros, quiebran todas".

Entre los diputados patrocinantes se analiza la opción de que el dinero de las Rentas Vitalicias se pague a cuenta de la parte final del fondo y se prorratee en las siguientes cuotas. Expertos han dicho que eso tiene una dificultad relacionada con el cálculo sobre los años de vida de la persona y su eventual deceso antes de pagar.

El intendente de Seguros de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Daniel García, comentó que de prosperar la ley "no sería un retiro, sino un anticipo de flujos" y auguró que ello impactaría en la cuantía de la pensión del beneficiado. Asimismo, coincidió con Sutil en que esto podría complicar los activos de las aseguradoras.

Quienes tengan morosidades en la cuentas de los servicios de agua potable no sufrirán el corte del suministro hasta abril, anunció ayer la Asociación Gremial de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess).

La organización que aglutina a las compañías del sector decidió prorrogar hasta ese mes de 2021 el plan impulsado en marzo de este año a causa de la pandemia.

La presidenta ejecutiva de Andess, Jessica López, aseguró que la medida ha beneficiado a más de 900 mil clientes en el país en este lapso.

En junio el Gobierno vetó por presunta inconstitucionalidad una ley que buscaba impedir la prohibición de corte de suministros de agua potable, electricidad y gas. En esa oportunidad La Moneda defendió su decisión argumentando, entre otros aspectos, que las compañías ya tenían compromisos de ese tipo.

Las sanitarias agregaron que también extenderán la posibilidad de gestionar convenios y acordar el prorrateo de las cuentas morosas de las familias más vulnerables, adultos mayores, desempleados y microempresarios.

El gremio, sin embargo, pidió a quienes estén en condiciones, paguen sus boletas. "Esto es esencial para que la industria siga operando con normalidad (...) y continuar con las inversiones necesarias para mantener los servicios frente a la sequía y el cambio climático", agregó López.