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  • Mineduc y Fiscalía investigan la muerte de un escolar en su primer día de clases presenciales

    El adolescente falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras presuntamente manipulaba un motor como parte de su enseñanza técnico profesional.La familia acusó negligencia del colegio y el Ministerio Público instruyó peritajes a la PDI.

    Diego Gotelli C.

    Un día que ansiaba desde hace meses terminó en una tragedia para Bayron Díaz, joven de 18 años que el lunes falleció tras sufrir un accidente dentro de su colegio, en la que era la primera jornada de clases presenciales tras el cierre del recinto producto de la pandemia.

    "Mi hijo fue feliz al colegio a su primer día y ellos me lo entregaron muerto", lamentó en CHV Karen Barraza, madre del mejor, quien cursaba cuarto medio en el Colegio Industrial Las Nieves de Puente Alto.

    Según los primeros antecedentes, el incidente ocurrió pasadas las 11 de la mañana, cuando el estudiante junto a un compañero participaban de un taller de electricidad, ramo en el que se especializaba su enseñanza técnico profesional.

    En medio de la clase, y acompañado de un profesor, Bayron se habría electrocutado mientras manipulaba un motor, quedando gravemente herido. Tras recibir los primeros auxilios, el menor fue trasladado en ambulancia al Hospital Sótero del Río donde finalmente falleció por las graves lesiones que le causó la descarga eléctrica.

    La familia y amigos del estudiante realizaron una velatón ayer en el frontis del colegio en su memoria. En el lugar acusaron una presunta negligencia del establecimiento en las medidas de seguridad y criticaron una falta de información desde la gerencia hacia los familiares. "La culpa (de la muerte) la tiene el colegio", señaló la abuela de la víctima.

    La Fiscalía confirmó ayer que abrió una investigación para esclarecer los hechos e instruyó los primeros peritajes a la PDI, mientras esperan un informe del Servicio Médico Legal.

    A través de un comunicado la dirección del colegio, dependiente de la fundación Protectora de la Infancia, lamentó el fallecimiento del estudiante y aseguró que han tomado contacto con todos los organismos correspondientes "para prestar colaboración y cumplir con los requerimientos de orden judicial necesarios con el fin de esclarecer este hecho a la brevedad".

    En paralelo a la investigación judicial, la Superintendencia de Educación ingresó una denuncia de oficio para solicitar antecedentes al establecimiento, reglamento interno y protocolos de actuación, para investigar si el colegio actuó de acuerdo a la normativa educacional.

    El fiscalizador explicó que todos los colegios deben contar con dicho protocolo, además de un plan integral de seguridad escolar, los que deben señalar "de forma clara y organizada" las acciones que se adoptarán frente a una emergencia. En el documento se debe explicitar, por ejemplo, los responsables de aplicar los planes de emergencia, los recintos asistenciales cercanos, y quienes deben comunicar a los apoderados del accidente. Sobre lo último, los padres del menor acusaron una tardanza en la notificación.

    "Este es un accidente lamentable que debe ser profundamente investigado. Esto está en investigación y una vez que se esclarezcan los hechos se va a dar cuenta de cuáles fueron las raíces por las cuales se produjo el problema", acotó el subsecretario de Educación, Jorge Poblete.

    La autoridad añadió que si bien el accidente ocurrió dentro de un colegio, éste no puede ser atribuido al plan de retorno a las clases presenciales que impulsa el Ministerio de Educación. "No tiene nada que ver con la situación covid ni con los protocolos sanitarios", enfatizó.

    colaboración El recinto se comprometió a apoyar las indagatorias y acompañar a la familia.

    hechos distintos El Mineduc aseguró que el deceso "no tiene nada que ver" con su plan de vuelta a aulas.

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  • Alcalde pide mesa de trabajo para tratar alza de ambulantes

    Felipe Alessandri solicitó estrategia de control integral para reducir esta actividad.

    Un simple recorrido por las cercanías del Barrio Meiggs hace recordar al Santiago previo a la pandemia. Los múltiples vendedores ambulantes que frecuentaban el sector ya lo han retomado, y varios más han encabezado protestas recientemente pidiendo facilidades para poder trabajar en la vía pública.

    El alza de estos vendedores llevó a que la semana pasada los municipios de Estación Central y Santiago solicitaran al Gobierno crear una mesa de trabajo para buscar una solución a la situación.

    "Los municipios no tenemos ninguna facultad legal para poder decomisar, para poder pedir cédulas de identidad. Entonces lo que pedimos es una mesa y un trabajo permanente en la zona", señaló ayer el alcalde santiaguino, Felipe Alessandri.

    El jefe comunal enfatizó en 24 Horas que el trabajo que se debe hacer va más allá de una acción policial. Dijo que debe incluir a Aduanas para pesquisar el origen de los productos ilegales que se comercializan; al Servicio de Impuestos Internos para perseguir la evasión tributaria; a la Seremi de Salud para fiscalizar la salubridad de las comidas callejeras; y a Extranjería por la presencia de extranjeros en situación irregular.

    Esto último, afirmó, es la principal traba para apoyar a este grupo a formalizar sus puestos con permisos temporales, pues asegura que el 95% de los ambulantes son extranjeros y la mayoría no tiene los papeles al día.

    En la víspera, el municipio de Estación Central informó el rechazo de nuevos permisos por motivos de seguridad vial, normas sanitarias, y oposición de los vecinos.

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