Leo Riquelme

El Gobierno firmó ayer un decreto que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate de la migración ilegal a través de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

La medida busca integrar a los efectivos en apoyo logístico, tecnológico y de transporte para enfrentar el trafico ilícito de personas, tras el cual habrían bandas organizadas que cobran altas sumas por ingresar a extranjeros a través de pasos ilegales, lo que se realiza en condiciones en extremo peligrosas y de difícil control, dados los más de mil kilómetros de frontera compartida que hay con Perú y Bolivia, con los cuales se han identificado unos 50 pasos irregulares.

Según la PDI, entre 2019 y 2020 aumentó en un 25% la cantidad de imputados por este tipo de ilícito. El ministro de Defensa, Baldo Prokurica, dijo que la modificación le permitirá a los militares retener migrantes ilegales, aportar información de inteligencia a Carabineros y utilizar su tecnología para identificar zonas de tráfico.

El Presidente Sebastián Piñera dijo que estas bandas tienen "cuantiosos y sofisticados recursos" para ingresar drogas, contrabando y personas. Las dos primeras materias ya habían quedado cubiertas en una modificación al decreto hecha en 2019.

El alcalde de Calama, Daniel Augusto, alabó la decisión gubernamental. "Me parece que es una tremenda instancia de mayor resguardo de nuestra gran frontera", dijo el representante RN.

El director ejecutivo de la Fundación Chile 21 y exjefe de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y Seguridad, Eduardo Vergara, no lo tomó igual y a través de Twitter dijo: "Chile avanza en la militarización de la seguridad a punta de populismo, narco guerras inventadas, shows mediáticos y a costa de seguir destruyendo a las policías. Tremendamente peligroso".

tribunal constitucional acogió ayer a trámite un recurso del Frente Amplio contra la recién aprobada Ley de Migraciones.

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Pensando en modernizar la actividad y mejorar la confianza de los clientes, el Ministerio de Transportes lanzó ayer un plan de digitalización de los taxis en el país que contempla una serie de cambios en este tipo de transporte, principalmente en el método de cobro de tarifas.

Entre los pilares de la estrategia se considera un alza de las sanciones para los conductores que hagan mal uso de los taxímetros, infracción que hasta ahora sólo conllevaba una multa de 1 a 5 UTM ($50 mil a $70 mil). Tras un cambio al decreto que regula la actividad, la cartera estableció que ahora si se reincide en la falta se arriesgue la eliminación del vehículo del Registro Nacional, impidiéndole volver a operar como taxi.

"Es una sanción muy importante, pero adecuada para el daño que produce una adulteración de taxímetro", justificó el subsecretario del ramo, José Luis Domínguez.

El plan también considera permitir que los taxistas tengan un método alternativo para el cálculo de tarifa, paralelo al taxímetro, que pueden ser plataformas tecnológicas como las app que se han masificado en los últimos años.

En caso de desarrollar plataformas virtuales, se deberá primero hacer un piloto regulado por la cartera para obtener una certificación. Ya aceptado podrán usar el sistema masivamente, pero sin reemplazar al taxímetro, ya que ambos deberán estar disponibles y será el pasajero quien elija cuál método prefiere usar para calcular su tarifa. Su decisión deberá ser respetada por el chofer.

"Necesitan contar con estas herramientas para optimizar su funcionamiento (de los taxis), para disminuir sus viajes en vacíos y para mejorar su operación", comentó la ministra Gloria Hutt.

Un días después que la Corte Suprema ratificara su desafuero, la diputada RN Aracely Leuquén insistió en ofrecer disculpas por el escándalo que protagonizó en noviembre de 2019 en el bar "Irish Geo Pub" de Las Condes, donde agredió a sus dependientes. La parlamentaria por Aysén responsabilizó de su reacción por el supuesto extravío de su cartera a una mezcla de alcohol y pastillas; y ayer, a través de un comunicado, adelantó que su defensa judicial se basará en que su actuación no es un delito y que sólo ameritaría una multa. Asimismo, planteó la opción de compensar a las personas afectadas por el hecho, que quedo grabado en las cámaras del local. "El proceso debe seguir y queremos sea breve para volver a ejercer la función parlamentaria lo antes posible", dijo.

La ocurrencia de eventuales incendios forestales en la ladera suroriente del Parque Metropolitano será monitoreada por unas cámaras termales habilitadas en la azotea del mall Costanera Center, según anunciaron ayer las autoridades del sector y el grupo Cencosud, que sellaron una alianza. Los dos aparatos prometen detectar cambios de temperatura que alerten la posible presencia de fuego en el cerro San Cristóbal desde una ubicación privilegiada, Las cámaras están situadas a la altura del piso seis del centro comercial y tendrán una capacidad de visualización de tres kilómetros. El Parquemet tiene 167 equipos de vigilancia y estos son los primeros que lo observarán desde afuera.