Matías Gatica Lindsay

Con 127 votos a favor y 14 en contra, la Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Con ello también se abre la posibilidad a trabajar en modalidad 4x3, se modifican los horarios de algunos rubros y se limitan los alcances del artículo 22 del Código del Trabajo.

La iniciativa ingresó al Congreso en 2017, impulsada por la en ese entonces diputada Camila Vallejo y Karol Cariola, ambas del PC. Sin embargo, estuvo frenada por varios años y ahora el Gobierno del Presidente Gabriel Boric la impulsó como una de sus promesas de campaña.

En esta instancia, los parlamentarios le realizaron varios cambios al proyecto, que fue ya aprobado por ambas cámaras. Ahora sólo resta la firma del Presidente para hacerlo oficial, y que sea uno de los anuncios del Día del Trabajador el 1° de mayo próximo.

El proyecto contempla la reducción gradual de la jornada laboral ordinaria. El primer año desde la publicación de la ley, se reducirá de 45 a 44 las horas semanales a trabajar; a 42 horas el tercer año y a 40 horas el quinto año.

A su vez se permitirá distribuir las jornadas laborales en cuatro días de trabajo y tres de descanso. En ese caso serían 10 horas diarias las que se trabajaría, para así completar las 40 horas. Para ello debe haber acuerdo entre empleador y trabajador.

En el caso de los trabajadores de casa particular puertas afuera opera la reducción a 40 horas y se circunscribe la bolsa de horas extraordinarias sólo para trabajadores de tiempo parcial y se disminuye a 12 el número de horas. Ahora en el caso de trabajadores puertas adentro se mantiene el sistema actual, con un descanso mínimo de 12 horas diarias, pero con una compensación de dos días de descanso mensual.

En cuanto a las horas extras, la iniciativa busca la posibilidad de compensarlas con hasta cinco días feriados, y que las jornadas excepcionales que lleguen a 42 horas puedan tener derecho a días de descanso anuales para retribuir la diferencia de horas.

También se restringe el uso del inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo sólo a quienes ejercen labores de alta gerencia dentro de una empresa y también a quien no esté sometido a fiscalización superior de acuerdo a las funciones que realice.

Otros rubros que se beneficiarán serán los trabajadores del mar que en "nave fondeada" el pago de horas extras contará desde las 40 horas y no desde las 48; tripulante de cabina, que no podrán superar las 40 horas de trabajo semanales; y los hoteleros que verían derogada la jornada laboral semanal de 60 horas.

Los trabajadores del transporte, específicamente de la locomoción colectiva interurbana y servicios interurbanos se les reduce su jornada mensual de 180 horas a 40 horas promedio en cómputo mensual, lo mismo para tripulación de ferrocarriles. Los choferes de carga interurbana podrán mantener las jornadas de 180 horas mensuales, pero con una compensación de seis días de feriado legal adicionales.

Tras la aprobación del proyecto, que sólo contó con votos en contra de la bancada republicana, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, no escondió su emoción y entre lágrimas dijo que "esto es un triunfo y una muy buena noticia para el pueblo de Chile en su conjunto (...) Hoy día la política demostró que puede estar a la altura que le plantea el pueblo de Chile".

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, agregó que "aquí jugó un rol clave la ciudadanía" y les dijo a las Pymes que las acompañarán en este proceso: "Nadie va a quedar solo".

El subsecretario de Justicia Jaime Gajardo dijo ayer que el Gobierno está evaluando la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad. Esto ante la sobrepoblación de los centros penitenciarios y los pocos módulos que hay para este tipo de criminales.

El subsecretario dijo a radio Pauta que actualmente en Chile hay 47.000 personas privadas de libertad, y los centros penitenciarios del país dan abasto sólo para 42.000 de ellos. Además sólo existen cinco módulos de alta seguridad en estos 80 establecimientos penitenciarios.

Si bien asegura que se han hecho remodelaciones a muchos de estos centros "no es suficiente" y por ello evalúan la construcción de una cárcel destinada a líderes del crimen organizado y también nuevos módulos para albergarlos, pues los que hay tienen cupos para 300 personas.

"El sistema penitenciario mantiene la misma capacidad desde el 2012. También hay que considerar que ha cambiado el tipo de personas que se encuentran privadas de libertad", dijo Gajardo.

Para agilizar los plazos de construcción el subsecretario dijo que se debe "aprobar una solución legislativa (...) Actualmente construir una cárcel tarda de 8 a 10 años. Estamos tomando la posta de proyectos de gobiernos anteriores".