Pese a que el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, había asegurado que su presencia en la mesa de diálogo tripartita no se podía exigir, como lo intentó hacer el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, finalmente ayer el secretario de Estado asistió a la instancia en compañía de la subsecretaria, Valentina Quiroga.

En la reunión que ocurrió en el Congreso, Eyzaguirre anunció que debido a las nuevas exigencias que tendrán tanto las universidades que impartan la carrera de pedagogía como quienes la quieran estudiar, es muy probable que muchas casas de estudio tengan que cerrar. También, el ministro recalcó que la acreditación será obligatoria para esta carrera y además se "subirán los puntajes de entrada". Agregó que el Mineduc "va a disponer de fondos y asesorías extranjeras para ir apoyando a las universidades, debido a estas nuevas exigencias", sin embargo, dijo que "muchas universidades van a tener que cerrar por inanición", apelando a que no pudieran cumplir con lo exigido.

Por cinco horas la mesa, compuesta por los diputados miembros de la comisión, los representantes del Ejecutivo y el Colegio de Profesores, analizó cada punto del proyecto de carrera docente que ingresó el Gobierno al Congreso, luego de que la semana pasada la Comisión de Educación suspendiera su tramitación hasta lograr algún acuerdo.

Los profesores del país se encuentran paralizados desde hace tres semanas en rechazo a esta iniciativa.

Jueves, día clave

Aunque durante la comisión diferentes diputados insistieron al magisterio en que dé señales claras de que el paro se acabará, Gajardo informó que este jueves la mesa directiva de los profesores se volverá a reunir para votar si es que siguen o no en la paralización de sus funciones, que comenzó el 1 de junio.

La mesa de diálogo continuará hoy abordando los 11 puntos "conflictivos" del proyecto. Eyzaguirre reconoció que hay derechos docentes que se podrían perder.

Los líderes del Senado acordaron ayer que realizarán un trabajo especial para sacar adelante este año varios de los proyectos de la agenda de probidad, anunciados para enfrentar la crisis de credibilidad de la clase política.

Entre las priorizadas está el financiamiento estatal de la actividad; la que le otorgará autonomía institucional al Servicio Electoral (Servel), con atribuciones fiscalizadoras que rijan ya para las municipales de 2016; y la que aumenta las penas y fija hasta cárcel para delitos económicos como tráfico de influencias, uso de información privilegiada y soborno, entre otros.

"Hemos establecido un cronograma de trabajo muy exigente, con sesiones extraordinarias, que nos va a permitir sacar estos proyectos", dijo el presidente del Senado, Patricio Walker (DC).

Éste y el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez (PPD), confirmaron que realizarán una inédita cuenta pública conjunta el 21 de julio. El médico dijo que espera que sea "de una profunda autocrítica" y que los parlamentarios involucrados en investigaciones penales anuncien medidas drásticas, como que no buscarán la reelección.

En el Senado también esperan modernizar las sanciones éticas para los integrantes que cometan irregularidades, pues hoy los castigos son solamente una amonestación por escrito y una verbal.

Los partidos de la Nueva Mayoría reiteraron sus críticas a La Moneda, por la escasa atención en los nombramiento de las autoridades, como ocurrió en el último cambio de gabinete. El vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, insistió en que las nominaciones son una facultad de la Presidenta Michelle Bachelet, pero añadió que reforzarán los mecanismos de coordinación con las colectividades. Aún resta por designar al titular de la Secretaría General de la Presidencia.

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) , Patricio Crespo, aseguró que el empresariado "no ve fantasmas" al denunciar trabas para la inversión, apuntando a un clima de incertidumbre causado por las reformas del Gobierno y "a los atentados al Estado de Derecho" en La Araucanía. El ministro de Agricultura, Carlos Furche, les respondió que las reformas eran necesarias y que el diálogo era la vía para mejorarlas, no para frenarlas.

Sebastián Dávalos y su esposa Natalia Compagnon no asistieron a la comisión investigadora del caso Caval, donde habían sido citados para responder a cuestionamientos de los parlamentarios. Sebastián Dávalos se había escusado durante la tarde, a través de su abogado, señalando que dos parlamentarios que integran la comisión son parte del juicio penal.

Una nueva baja en su apoyo y un alza en su desaprobación tuvo la Presidenta Michelle Bachelet en la encuesta semanal Cadem. El respaldo pasó de 25 a 24% y el rechazo de 62 a 65%. La aprobación a sus ministros alcanza al 18% y la desaprobación al 69%, 15 puntos por encima de lo que registró a inicios de mayo, cuando se hizo el cambio de gabinete.