"Onemi establece evacuación preventiva por amenaza de Tsunami. Diríjase a zona segura", rezaba el mensaje de texto que despertó la madrugada de ayer a los habitantes de la Región de Arica y Parinacota a la 1.43. Pero, esta vez, la alarma no se emitió con el fin de evitar una tragedia, sino que se trató de un error de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), organismo que explicó que "mientras se realizaba una simulación del Sistema de Alerta de Emergencia para celulares, un operador del Centro Nacional de Alerta Temprana, incumpliendo el procedimiento establecido, no activó el modo de prueba de esta plataforma, generando un mensaje de alerta que afectó a la Región de Arica y Parinacota y zonas cercanas". Y añadió que "inmediatamente Onemi activó un plan de coordinación con las autoridades y medios para descartar esta situación" y busca responsables.

Sin embargo, hubo gente que alcanzó a dirigirse a sectores altos antes de saber de la falsa alarma. Así lo confirmó el alcalde de Arica, Salvador Urrutia, quien dijo a hoyxhoy que en esa ciudad evacuaron 40 personas. "El error se confirmó 15 minutos después del envío de los mensajes, que fueron tres seguidos. Esto no trajo consecuencias graves, pero da cuenta de una falla de seguridad que puede restar credibilidad a estas alarmas, convirtiéndolas en el "cuento de Pedrito y el lobo"", sostuvo.

En tanto, el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, dijo que "si hubo un error, habrá que corregir".

El diálogo entre padres e hijos sobre lo aprendido en clases es clave para un buen aprendizaje. Así lo demostró la encuesta complementaria al Simce, que arrojó que "si las familias le preguntan a los niños por sus resultados en la escuela, el puntaje promedio en la prueba sube en 32 puntos respecto a las familias que no le preguntan a sus hijos". Por eso, el sistema de comunicación entre padres y colegios "Papinotas", Educación 2020 y el Programa Triple P organizaron el primer seminario enfocado en la relación de colegios y familias, que será mañana a las 8.30 en el Centro de Extensión UC. El encuentro internacional estará abierto a profesionales de la educación y directivos.

Familiares y cercanos de la pequeña Xiomara Moya iniciaron durante la noche del domingo una protesta, luego que la niña de 11 meses falleciera en el hospital Herminda Martin de Chillán. Yoselin Contreras, madre de la niña (que tenía síndrome de Down), denunció que desde el 28 de diciembre la llevó en tres ocasiones a urgencia, pues presentaba vómitos, diarrea y dificultades para respirar. Ahí le suministraban suero y salbutamol, no le hacían exámenes y la enviaban a su casa. La menor murió el 2 de enero supuestamente por una faringitis aguda. Ayer el centro asistencial informó que realizará una investigación interna para aclarar el caso.

Por el delito de apremios ilegítimos contra un menor de 14 años fueron formalizados cuatro carabineros. El séptimo juzgado de garantía de Santiago los dejó con las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse al escolar por los 60 días que dure la investigación. El estudiante del Internado Nacional Barros Arana fue agredido tras una manifestación previa al Día del Joven Combatiente, el 28 de marzo de 2014, luego de ser retenido por los policías para revisar si tenía una bomba molotov. Pese a que no portaba armas, fue detenido. Quedó con dos dientes menos y lesiones en su rostro, cabeza y cuello.

El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, aceptó ayer la renuncia de su jefa de comunicaciones, Ginette Joignant, quien el 1 de enero protagonizó -en estado de ebriedad- un choque contra un poste de luz en Providencia. A través de un comunicado de prensa, Díaz agradeció la"valiosa, destacada y leal colaboración prestada por Joignant al funcionamiento del ministerio".

El Directorio del Transporte Público Metropolitano anunció ayer que los puntos de recarga de la tarjeta Bip!, que actualmente son 2.028, aumentarán en un 30% durante 2016, sobre todo en Vitacura, La Cisterna, Lo Barnechea y San Miguel, comunas en que hay menos punto de atención. La medida fue motivada principalmente porque tres de cada diez usuarios del Transantiago no paga su pasaje.