Con el fin de proteger a las especies nativas y preservar la biodiversidad, el diputado de la Región de Los Lagos, Javier Hernández (UDI), presentó en noviembre pasado un proyecto para modificar tres artículos de la Ley 20.283 para establecer penas privativas de libertad a quienes incurran en el delito de talar de manera ilegal árboles protegidos. Esta modificación a la ley (que data desde el 2008), la cual se encuentra en su primer trámite constitucional y pasó a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, permite prevenir este tipo de hechos. "En la actualidad su sanción no es lo suficientemente grave como para establecer un cierto efecto intimidatorio para los hechores", argumentó Hernández.

Actualmente, la ley señala que toda corta de bosque no autorizada "hará incurrir al propietario del predio, o a quien la ejecute, en una multa equivalente al doble del valor comercial de los productos cortados o explotados, con un mínimo de 5 UTM por hectárea. Cuando los productos se encontraren en poder del infractor, caerán además en comiso".

En ese sentido, el objetivo de este proyecto es ante todo medio ambiental, puesto que existe vasta evidencia de que la deforestación afecta al clima y consecuentemente a la salud de personas y animales. Los árboles y las plantas son los encargados de absorber el dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno, además de que su escasez produce cambios sustantivos en el suelo y la temperatura del lugar, entre otros efectos adversos.

Mejor fiscalización

En palabras del comisario Marco Orellana de la Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural (BIDEMA) de la PDI, como organismo público se encuentran conformes con el proyecto de ley presentado. "Nos da mayores herramientas para poder investigar, regularizar y disminuir el volumen de madera nativa talada", afirmó.

El especialista también informó que, si bien se ha mantenido una tendencia en el último tiempo, se ha producido una leve disminución en la cantidad de denuncias relacionadas a esta problemática. No obstante, Orellana recalcó que sí se ha experimentado un aumento considerable en los casos de hurto y robo de madera de especies exóticas, tales como el pino y el eucaliptus. Según datos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), en 2010 se detectaron 625 cortas no autorizadas, afectando a un total de 1.542 hectáreas, y un año después fueron 592. "Lo que tenemos ahora son datos parecidos", afirmó el comisario.

Según Orellana, se está constantemente fiscalizando y monitoreando a nivel aéreo y satelital para disminuir estas talas. Por otro lado, el experto afirmó que ser el propietario del predio afectado no exime de la responsabilidad de talar especies protegidas. "Se da mucho que estos propietarios no viven en estos lugares y otros individuos aprovechan de ingresar y cortar la madera", aseguró. Y agregó: "En la mayoría de estos casos la madera llega a aserradoras y barracas que la distribuyen posteriormente a mueblerías para la confección de productos, como puertas y muebles".

Según explicó el comisario, las denuncias por este tipo de hechos parten de los mismos propietarios de los predios, algunas organizaciones ambientalistas, la Conaf y la Asociación de Ingenieros Forestales. Posteriormente, y a partir de una autorización de parte del Ministerio Público, la PDI puede investigar el caso.

Para autorizar una tala

Para que una tala sea autorizada debe contar con un permiso de la Corporación Nacional Forestal, a través de un plan de manejo específico. "Corresponde a un instrumento técnico en el cual los propietarios presentan una solicitud para evaluar la corta de bosque", afirmó el jefe del departamento de fiscalización forestal de Conaf, Bernardo Martínez. En ese sentido, el dueño del terreno debe primero velar para que la tala no afecte a especies protegidas para poder obtener el permiso. El especialista también afirmó que diversos decretos supremos y otros reglamentos se han preocupado de proteger especies en peligro, tales como la araucaria, el alerce, la palma chilena, entre otras.