• Tenencia animal RM: 36% de las comunas no tiene ordenanza

    Norma local es clave, porque fiscalización de la ley y creación de planes sanitarios y educaciones la liderarán los municipios.

    Leo Riquelme

    La recién aprobada ley de tenencia responsable de mascotas incrementará las obligaciones de los amos, pero también de los municipios, que serán los encargados de liderar la fiscalización y los planes sanitarios y educativos en cada territorio. Sin embargo, cuando comience a regir, se enfrentará a que un 36% de las comunas de la Región Metropolitana no cuenta con una ordenanza que vele por el cuidado animal, según datos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).

    "Y eso que la Región Metropolitana está más avanzada que el resto del país", comentó Rodrigo Morales, del Centro de Gestión Ambiental y Biodiversidad, de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la U. de Chile. A nivel nacional, el 58% de los municipios carece de un instrumento de este tipo, y según el licenciado que participó activamente en el debate legislativo, gran parte de ellos aborda el tema de la tenencia en un artículo de ordenanzas de medio ambiente y aseo y ornato.

    Una de las que está en esa condición es La Pintana, desde donde informaron que la nueva administración de Claudia Pizarro impulsará una normativa específica.

    Otras que sí tienen, como Santiago, La Florida, Providencia y las Condes, coincidieron en afirmar que esperarán la publicación en el diario oficial y sus reglamentos para revisar modificaciones.

    La ley multa hasta con $1,4 millones a quienes maltraten a su mascota, dinero que irá a los municipios, que lo deben destinar a financiar sus programas de tenencia.

    Asimismo, la municipalidad tendrá la potestad de atrapar a los perros que estén en vagancia, los que deberá entregar a organizaciones dedicadas al cuidado animal, que tienen que cumplir con condiciones para operar.

    Morales cree que para las comunas del sector oriente puede ser más factible la recuperación, no así para el resto. Sin embargo, añadió que se está en la senda correcta al centrar el control en los municipios, pues así se hace en el 60% de los países de la Organización Internacional de Salud Animal.

    La alcadía de Providencia ya acordó que la unidad de fiscalización del municipio apoyará a la Oficina de Protección Animal en las pesquisas. Y sobre la recuperación, la alcaldesa Evelyn Matthei reconoció que "por ahora no contamos con la infraestructura requerida para la mantención temporal de animales, sin embargo estamos trabajando fuertemente en ello junto a organizaciones de protección animal de la comuna, de modo de abarcar un mayor numero de animales y lograr su reubicación en hogares definitivos".

    En Santiago es la ordenanza 106 la que coincide con la ley, y que penaliza el abandono, de los registros, animales potencialmente peligrosos y otros similares. "Para adaptarnos a las nuevas exigencias es necesario tener la publicación oficial del cuerpo legal y el Reglamento de la Ley, el cual nos dará las directrices de lo que hay que hacer en la práctica, ya que la ley sólo es el marco legal", comentaron desde el municipio. Dicho reglamento será dictado por el Ministerio de Salud.

    más del 60% de los municipios de la capital hace esterilizaciones. Ha sido eje plan del Gobierno Regional.

    dos de cada tres plazas del país tienen parásitos que afectan la vida animal y humana, dicen en Veterinaria de la U. de Chile.

  • La eficacia del control de la nueva Ley Cholito

    por sandra ponce de león, directora clínica jurídica uc

    El miércoles 3 de mayo se aprobó en el Congreso la ley conocida como Ley Cholito, que establece los derechos y las obligaciones que se aplican a todos quienes mantengan animales de compañía o mascotas, incluyendo las reglas sobre responsabilidad civil y penal que les cabe asumir por los daños que esos animales causen a las personas y a la propiedad, como también las sanciones que se aplican a quienes ejecuten acciones que impliquen maltrato animal.

    El Gobierno, además de ordenar la promulgación y la publicación del texto legal, para que entre en vigencia la ley, deberá dictar en el corto plazo el respectivo reglamento que defina la forma y condiciones en que se aplicarán las normas.

    Se está frente a un esfuerzo legislativo por mejorar los estándares de bienestar animal para las mascotas, exigiendo a la autoridad el diseño, implementación y ejecución de políticas públicas de control de población animal y de tenencia responsable.

    Entre las obligaciones que impone la nueva ley destacan: el registro del animal ante la autoridad competente, proporcionarle alimento, albergue y buen trato, brindarle los cuidados veterinarios indispensables para su bienestar y no someterlo a sufrimientos a lo largo de su vida, además de respetar las normas de salud y seguridad pública que sean aplicables.

    A su vez, la ley considera la intervención de distintos órganos de la Administración del Estado en la promoción de la tenencia responsable de mascotas, incluyendo la aplicación de medidas de control y sanción, a fin de asegurar su bienestar, la salud de las personas y la protección del medio ambiente. Se trata de los ministerios del Interior y Seguridad Pública, de Salud y de Educación y de las municipalidades. En el ámbito de la resolución de conflictos, actuarán los juzgados de policía local.

    Nos interesa destacar en esta oportunidad que esta iniciativa legal viene a hacerse cargo de una temática de innegable interés social. Sin embargo, cabe plantearnos la legítima duda acerca de si el Estado estará dispuesto a aportar todos los recursos que son necesarios para ejecutar los objetivos e ideas matrices que dieron origen a esta ley. Basta reconocer que si se le entregan nuevas facultades a las municipalidades y a los juzgados de policía local para el control de las actuaciones contrarias a la normativa, sin que ello se haga con el suficiente traspaso de recursos, es probable que la ley que acaba de aprobar el Congreso quede en un simple "buen propósito" o en un conjunto "de buenas intenciones".

    "Es legítima la duda acerca de si el Estado estará dispuesto a aportar los recursos para ejecutar los objetivos de la ley."

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