Siete casinos del país, ubicados en Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales, debían cerrar sus puertas en diciembre de este año por la expiración de sus permisos. Sin embargo, ayer se promulgó una ley que prorroga ese plazo y les permite funcionar en las condiciones actuales hasta diciembre de 2017, además de ciertas mejoras en regulación de los centros de juego.

En una actividad en La Moneda, la Presidenta Michelle Bachelet explicó que una vez que venza ese plazo, en dos años, las comunas que hoy cuentan con un casino municipal tendrán la seguridad de seguir siendo sedes por otros tres períodos, de 15 años cada uno. Es decir, las ciudades tendrán garantizados ingresos por esta vía hasta el 2062.

La medida beneficia a los municipios de los siete centros, en varios de los cuales el juego es su principal fuente de dinero. De hecho, en algunas municipalidades representan más del 40% del presupuesto comunal, por lo que era fundamental asegurarlos.

"Los ariqueños y ariqueñas contarán, desde el 1 de enero de 2018, con un casino y los ingresos que éste genera, por 45 años adicionales, independiente de quien se adjudique el permiso de operación para cada período. Y lo mismo se aplica para las otras seis comunas mencionadas", dijo Bachelet.

Pago anual a municipios

Junto a la extensión en los plazos, la ley incorpora modificaciones al estatuto de funcionamiento de los casinos de juego, los que a partir del 2018 tendrán una única regulación.

Asimismo, se perfeccionará el procedimiento para entregar los permisos de operación, por lo que desde el 2018 las sociedades que postulen deberán ofrecer un pago anual en favor de la comuna en que está el casino y el pago será adicional al impuesto a sus ingresos que deben pagar en partes iguales en favor de la comuna y del Gobierno Regional.

La Presidenta, además, anunció el aumento de las facultades fiscalizadoras de la Superintendencia y la realización de un estricto régimen de multas en caso de infracciones a la normativa, las que podrán llegar hasta 2 mil unidades tributarias mensuales (unos $88 millones).

Por tres votos oficialistas contra dos de la oposición la comisión de Trabajo del Senado aprobó ayer la idea de legislar sobre el proyecto que fortalece la actividad sindical y que, entre otros aspectos, impide los reemplazos en huelgas. "Estamos muy contentos (…) En la medida que mejoran las relaciones laborales aumenta la productividad (...) Tenemos que apostar a relaciones laborales modernas, abiertas y francas", dijo la ministra Ximena Rincón. La Sociedad de Fomento Fabril, en cambio, pidió mejorarla, porque a su juicio "generará un debilitamiento de la democracia laboral y un menoscabo a las libertades individuales de los trabajadores".

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones decidió ayer por la unanimidad de sus miembros cambiarle la medida cautelar de arresto domiciliario total al ex senador UDI, Jovino Novoa, en que permanecía desde el 6 de julio, cuando fue imputado por una serie de presuntos delitos tributarios relacionados con el grupo Penta. Los jueces acogieron la petición de la defensa y dejaron al ex presidente gremialista sólo con las medidas de arraigo nacional y firma quincenal. Los representantes de Novoa argumentaron que una posible condena no involucraría penas de cárcel.

El Fiscal Nacional Sabas Chahuán reconoció que indagan si el fiscal Alberto Ayala incurrió en "violación del secreto de una investigación" al proporcionarle antecedentes del caso SQM al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, como declaró un ex jefe del SII. Añadió que si ello ocurrió, "es un delito". El fiscal a cargo, Manuel Guerra, explicó que aún no tienen claro el delito, pero si hay condena, implicaría que el indagado tendría que dejar el cargo.