Tadea Verdugo Peña y Lillo

Hace un mes que la contraloría interna de Televisión Nacional (TVN) comenzó a investigar los contratos de los altos cargos ejecutivos del canal. Ayer La Tercera publicó los resultados del informe donde se revelaron irregularidades en el contrato de Jaime de Aguirre, quien se desempeña como director ejecutivo del canal desde 2016.

Su contrato, además de establecer un sueldo base de $18 millones, establece una serie de condiciones adicionales que no fueron comunicadas ni aprobadas por el directorio del canal, según el informe. El presidente del directorio, Francisco Orrego, fue quien solicitó la investigación al percatarse de la situación.

Las condiciones establecían, entre otras cosas, indemnizaciones especiales, un bono por cumplimiento de metas de hasta 4 veces el sueldo y viajes en avión al extranjero en clase business o ejecutiva cuando duren más de 5 horas. Lo mismo ocurriría con otros altos cargos de la estación televisiva.

El Gobierno catalogó ayer el hecho como de máxima gravedad. "Creemos que esto por transparencia tiene que ser investigado y ser dado a conocer en toda su globalidad por el actual directorio de TVN", afirmó la Vocera, Cecilia Pérez.

La ministra recalcó la importancia del canal estatal dentro de la televisión nacional, por lo que "el actuar de TVN debe ser con absoluta transparencia".

Tiempos "austeros"

El Sindicato de Trabajadores de TVN realizó una declaración pública en la que condenó la cifra de las remuneraciones ya que "no guardan relación alguna con los resultados de la empresa ni con la situación de la industria".

Los trabajadores informaron que en la negociación colectiva anticipada, "la administración ha recalcado hasta la majadería, que el mal momento económico del canal requiere la puesta en marcha de un plan de austeridad", lo que sería contrario a los montos de los sueldos revelados.

Asimismo recordaron que esta situación se produce en el contexto de casi 400 despidos en la estación pública durante los últimos años, debido a reiterados malos resultados.

Sin embargo, algunos de los participantes del directorio, como Antonio Leal, acusaron que la investigación funciona como una maquinación política para sacar a de Aguirre de su cargo y negaron haber tenido desconocimiento sobre las condiciones del contrato. "Es una sucia maniobra de parte de algunos integrantes de la derecha", afirmó Leal a La Tercera.

más de 70 millones de pesos corresponen al bono por cumplimiento de metas del director ejecutivo de TVN.

pérdidas millonarias ha tenido el canal desde 2015, lo que ha derivado en casi 400 despidos, según el Sindicato de Trabajadores.

Diego Gotelli C.

Con arresto domiciliario total durante los 10 meses que dure la investigación quedó el general (r) de Carabineros, Gonzalo Blu, tras ser formalizado por la presunta implantación de pruebas para perjudicar a ocho comuneros mapuches en el marco de la operación Huracán.

En la instancia el ex jefe de Inteligencia de los uniformados fue acusado de asociación ilícita, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, al igual que el capitán (r) Leonardo Osses y el creador de "Antorcha" Álex Smith, único civil indagado por la causa.

A juicio del tribunal, el actuar en el operativo revela la existencia de una asociación ilícita, figura imputada por la Fiscalía que indicó a Blu como el cabecilla de la red que buscaba criminalizar a los comuneros mapuches. Sin embargo, la magistrada Marcia Castillo negó que las pruebas pudieran comprobar ese liderazgo, por lo que se rechazó la cautelar de prisión preventiva que se pedía para el general.

La semana pasada Blu afirmó que en su cargo desde Santiago no podía controlar todo lo que ocurría en Temuco y había otros generales encargados de aquello.

El tribunal también desestimó la privación de libertad para Smith, quien cumplirá la misma cautelar que Blu. En tanto, Osses sí irá a prisión por tener una participación "más directa en los hechos".

El fiscal Carlos Palma dijo estar conforme ya que se acreditó "la existencia de todos los delitos y la participación".

Por unanimidad el concejo municipal de Recoleta aprobó la construcción del proyecto habitacional "Justicia Social I", primera etapa de la denominada "Inmobiliaria popular" propuesta por la alcaldía a comienzo de año.

"Es un momento histórico. Comienzan a construirse las primeras viviendas públicas para arriendo que se han construido en nuestro país a lo largo de la historia", dijo al respecto el alcalde Daniel Jadue.

Serán 38 departamentos de 55 metros cuadrados, los que se distribuirán en tres dormitorios y espacios comunes. Los primeros pisos serán destinados para los adultos mayores.

El proyecto tendrá un costo total de 1.300 millones de pesos y una cifra de ello, que aún no se define, serán aportado por la municipalidad de Recoleta. Se espera que la construcción de este proyecto esté listo para mediados del 2019. Las familias beneficiadas pagarán no más del 25% de sus ingresos mensuales.