En el noveno día de paralización, el Gobierno ordenó ayer al Registro Civil que comience a calcular las horas trabajadas por los funcionarios, para proceder a realizar descuentos en las liquidaciones de octubre a quienes no han cumplido con sus obligaciones.

"Durante esta semana y media de paralización ilegal se han generado graves consecuencias en las miles de personas que concurren a las oficinas del Registro Civil, afectándolas directamente al verse impedidas de realizar trámites tan importantes como obtener su documento de identificación o inscribir el nacimiento de un hijo", dijo en una declaración el subsecretario de Justicia, Ignacio Suárez.

Desde la semana pasada que se han dejado de realizar 75 mil atenciones diarias, y sólo se cubren urgencias como la entrega de pasaportes con pasajes para el día, la renovación de cédulas de identidad y la entrega de claves para realizar trámites por Internet.

Los trabajadores exigen un bono prometido por el ex ministro de Justicia, José Antonio Gómez, para acortar las brechas salariales.

El Gobierno ha dicho que no podrá cumplir con todas las promesas debido a la estrechez económica, lo que se expresa en el proyecto presupuesto para el 2016.

A ello, el subsecretario añadió ayer que entre el 2008 y el 2015 las remuneraciones de los funcionarios se han incrementado producto de sucesivas negociaciones. "Por lo que no existe a la fecha ningún compromiso pendiente", aseguró.

La presidenta de la asociación nacional de funcionarios, Nelly Díaz, respondió que "no es la primera vez que recibimos amenazas (...) Las esperábamos y creemos que van a venir más".

La dirigenta insistió en exigir que el Gobierno cumpla la palabra empeñada por Gómez y aseguró que el paro se mantendrá indefinidamente hasta que se retome el diálogo y lleguen a una solución.

Molestia de extranjeros

En las sucursales alternativas dispuestas por la dirección nacional se otorgan sólo 150 números de atención diarias. Para alcanzar uno, los usuarios llegan en la noche y duermen ahí hasta que se abre en la mañana la oficina y se reparten los cupos, que son para el día siguiente.

Ayer, a la molestia de los usuarios nacionales se sumó la de los extranjeros, que denunciaron que al menos en las dependencias de calle Huérfanos no los están atendiendo.

Los afectados contaron que el miércoles les dijeron que volvieran el jueves, porque sí serían atendidos, lo que finalmente ayer no ocurrió.

"Nos dijeron que sólo iban a atender a los chilenos. Esto es discriminación. Nos piden tener los papeles al día, pero no nos dejan", alegó un colombiano. "Vamos a quedar indocumentados por esto", agregó enojado un argentino.

Los nuevos archivos desclasificados de Estados Unidos relacionados con el atentado a Orlando Letelier, ocurrido en 1976 en Washington, vinculan al fallecido general Augusto Pinochet en la orden de asesinato, según informaron por separado el embajador de Chile en EE.UU., Juan Gabriel Valdés, y el hijo del fallecido diplomático, Juan Pablo Letelier.

Valdés explicó que los antecedentes entregados al Gobierno eran parte de los elementos que tenía el Departamento de Justicia y el FBI para presentar en un eventual juicio en ese país en contra de Pinochet, que falleció el 2006.

El embajador recordó que ese atentado fue el primer ataque terrorista perpetrado en EE.UU., por lo que Washington exigía justicia. "Es muy dramática la muerte de Orlando Letelier y muy evidente la participación del régimen chileno", dijo a radio ADN.

El ataque habría sido perpetrado en una operación liderada por el jefe de la DINA, Manuel Contreras. El senador Letelier, a quien el Gobierno le entregó los archivos el miércoles, esbozó que en uno de ellos se indica que Pinochet planeaba matar al "Mamo" para asegurar su silencio.

Agregó que aún está leyendo los textos, pero adelantó que es "probable que Armando Fernández Larios reaparezca (...) y posiblemente surjan antecedentes de personas que están vivas y que tuvieron participación no en la orden ni ejecución del crimen, sino en el encubrimiento".

Casi por tres horas expuso ayer la Presidenta Michelle Bachelet y cinco ministros ante un centenar de empresarios, por los 35 años del Centro de Estudios Públicos (CEP). La cita fue "interesante y muy buena", dijo el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Alberto Salas. "Fue un diálogo muy franco", agregó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Ambos afirmaron que hubo consenso en el diagnóstico y contaron que hablaron del "Chile futuro".