Diego Gotelli C.

Cerca de las 3:30 horas de ayer, el peruano Santos Briceño se preparaba para salir a trabajar. Mientras se arreglaba, el conductor del Transantiago sintió un olor extraño. Al salir de su habitación vio que se debía a fuego: en la pieza del lado se había generado un incendio.

"Yo avisé a toda la gente y llamé a los Bomberos. Alcancé a salir con las justas", recuerda. Minutos después, el cité donde vivía con sus cinco familiares quedó destruido por las llamas.

Así como Briceño fueron 84 las personas damnificadas por el fuego que consumió a una casona de calle Grajales, sector de República, en Santiago, que vivían en 34 piezas y compartían tres baños. Entre los afectados había 14 menores de edad, incluidos dos lactantes. En su mayoría las familias eran de inmigrantes.

"Esta tragedia es producto de la irresponsabilidad de algunas personas que subarriendan en condiciones infrahumanas. No se preocupan de ninguna medida de seguridad y sólo les importa recibir el ingreso a fin de mes", dijo a hoyxhoy el director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Santiago, Guillermo Soto, quien dijo que los arriendos por pieza alcanzaban los $150 mil.

Según el representante municipal, el inmueble no contaba con ningún permiso para construir las modificaciones estructurales realizadas, y no paga patente de arriendo. Ambos elementos los aprovechará la entidad para querellarse contra el propietario, a quien dicen tener plenamente identificado.

"La municipalidad iniciará acciones legales que sean categóricas respecto de esta mala práctica que se está desarrollando hace mucho tiempo en la comuna", agregó Soto.

De realizarse, aseguran que será la primera acción concreta de una administración comunal para erradicar esta conducta.

Ayer por la tarde los damnificados retiraron las escasas pertenencias que les quedaban y almorzaron con colaciones donadas por la Universidad Diego Portales. Por la noche se esperaba que durmieran en el albergue Víctor Jara mientras se gestionaba su reubicación.

alcalde alessandri manifestó que "tenemos que tener una ley para fiscalizar estos subarriendos abusivos".

entre los afectados hay 14 menores de edad y dos lactantes. La mayoría son familias inmigrantes.

En prisión preventiva por los 90 días que dio el tribunal para investigar lo sucedido quedó ayer el líder de la banda reguetonera "Eyci and Cody", Edgard Michel Cortez Díaz, por su presunta participación en el asalto de un servicentro en Rinconada de Los Andes ocurrido en la madrugada.

El fiscal adjunto de Los Andes, Jorge Alfaro, dijo que el cantante de "Te amo con locura" viajaba en su camioneta Dodge cuando entraron a una bencinera.

"Mientras cargaban bencina, dos de los tres sujetos se bajaron, entraron al servicentro e intimidaron al cajero para que les pasara el dinero de la caja", informó el persecutor sin aclarar el tipo de arma que usaron para intimidar a los funcionarios del local.

Con el dinero en mano, las tres personas salieron del servicentro en el mismo vehículo con dirección a San Felipe.

La detención se logró horas después que los trabajadores reportaran el atraco. Carabineros halló la camioneta y detuvo a sus tres ocupantes, entre ellos Cortez y su hermano Kevin.

Según informó el abogado de los hermanos, Cristóbal Romero, ellos no reconocieron los hechos y entregaron una historia alternativa.

Informó que invocará la irreprochable conducta anterior de ambos para rebajar la medida cautelar y dejarlos con arresto domiciliario total.

El Ministerio Público y la defensa de los nueve funcionarios del Ejército y de Aduanas de Bolivia detenidos en Chile negocian la realización de un juicio abreviado, lo que agilizaría la resolución del caso que tiene enfrentado desde marzo a La Paz con La Moneda. Las conversaciones fueron informadas ayer por el canciller Heraldo Muñoz, quien comentó que las partes habían llegado a "un principio de acuerdo" para posponer la audiencia de sobreseimiento que debía realizarse mañana, "y ojalá, ese sería nuestro deseo, llegar a un procedimiento abreviado", agregó. Los bolivianos permanecen en prisión preventiva hace dos meses en el penal de Alto Hospicio, formalizados por robo con violencia, porte ilegal de armas y contrabando, tras ser descubiertos en un enfrentamiento por un camión en territorio chileno. Durante la tarde, el fiscal Hardy Torres anunció que la audiencia se pospuso para el 20 de junio, plazo en el que negociarán la realización del juicio abreviado. Añadió que en él los imputados reconocerían los hechos, pero no los delitos. Ellos pedirían una pena de 5 años, pero que el juez podría determinar que se cumpla en libertad o, en su defecto, se podría decretar la expulsión.