Leo Riquelme

Con votos de la oposición, la Cámara de Diputados aprobó ayer las modificaciones del Senado y dejó lista para convertirse en ley la reforma a la educación superior, que consagrará la gratuidad universalidad para el nivel terciario. Así, dejará de depender de una glosa aprobada por el Congreso en cada presupuesto de la nación, como ha ocurrido en los últimos años.

"¡Consagramos como ley un derecho social que nunca debió estar en manos del mercado!", tuiteó la Presidenta Michelle Bachelet.

La ley confirma el avance de la gratuidad al 60% de los jóvenes más vulnerables e incluye un guarismo para su extensión gradual según el crecimiento de la economía.

Las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica adscritas recibirán recursos especiales, pero para ello deberán contar con una acreditación institucional avanzada o de excelencia; estar constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro; y ser parte, al menos un año antes de la solicitud, del Sistema de Acceso. Éste último reemplazará al modelo que se expresa hoy a través de la PSU.

Además, se regirán por los valores regulados de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación para las carreras o programas de estudio.

También crea una superintendencia que fiscalizará a las instituciones en el cumplimiento de la ley y a que destinen sus recursos a los fines correspondientes.

Asimismo, crea una subsecretaría que velará por las políticas del sector y aprobará los planes de cierre para instituciones en crisis. A ella se suma una nueva Comisión Nacional de Acreditación.

"Chile hoy es mejor que ayer", dijo satisfecha la ministra de Educación, Adriana Delpiano. "Tenemos calidad, una buena fiscalización, gratuidad y un marco regulatorio que mejore también las relaciones entre las distintas instituciones de educación superior con la sociedad y con sus estudiantes", agregó.

El diputado RD Giorgio Jackson no quedó conforme y acusó que el Senado ablandó la ley respecto al funcionamiento de todo el sistema. La diputada PC Camila Vallejo, en cambio, valoró la iniciativa y agregó que rechazarla habría obligado a llegar a una comisión mixta, que se tramitaría en el próximo gobierno.

Tras la votación, el Congreso despachó también la ley que fortalecerá a las universidades estatales. Esta le permitirá crear nuevos estatutos, mejorará su administración y les permitirá acceder a un fondo de $300 mil millones.

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, recibió en La Moneda a quien será el jefe de gabinete del Presidente electo Sebastián Piñera, Andrés Chadwick. La cita fue la primera de las reuniones entre autoridades de la administración saliente y entrante, previo al traspaso de mando del 11 de marzo.

En La Moneda informaron que la Presidenta Michelle Bachelet convocará a un consejo de gabinete en que les definirá un cronograma para las "bilaterales".

A la salida, Chadwick criticó los cuestionamientos que ha despertado en el oficialismo, dirigentes y organizaciones civiles la nominación de algunos miembros del gabinete, como el de Educación, Gerardo Varela; de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá; y Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero. El primero rechaza la gratuidad, la segunda el aborto y el tercero ha sido duro con los gobiernos de izquierda de la región.

Chadwick garantizó que en el nuevo gobierno no habrá "ningún espíritu de retroexcavadora" y agregó que cuando se asume un ministerio "el deseo personal se subordina al liderazgo colectivo", que representa Piñera.

Plá coincidió y recordó que, pese a su opinión, "vivimos en un sistema democrático" en el que la mayoría parlamentaria aprobó la despenalización del aborto en tres causales, y no la modificarán.

El ex Presidente Ricardo Lagos pidió al país no prejuzgar y dejar que comiencen su labor. "A mí me parece, quiero ser muy franco, que lo que ha avanzado la Presidenta no puede retroceder y eso espero que sea así", afirmó.

El canciller Heraldo Muñoz confirmó que el Presidente electo Sebastián Piñera le solicitó que asesore a su gobierno ante la demanda marítima boliviana. Precisó que espera que eso ocurra hasta que acaben los alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia, que se realizarán del 19 al 28 de marzo.

"No tiene sentido que se extienda más allá", afirmó , tras explicar que luego de esa etapa vienen unos meses en que los jueces deliberarán.

Muñoz comentó que él puede aportar la "experiencia detallada" que le otorga haber estado en el caso desde que Bolivia presentó el libelo. Recordó que los argumentos son jurídicos, pero también históricos y políticos, por lo que cree que su presencia en La Haya en esos días puede incluso ayudar a proporcionar antecedentes para responder a los representantes altiplánicos.

El ministro se reunió ayer con el agente Claudio Grossman y comunicó que la próxima semana hará lo propio con su sucesor, Roberto Ampuero. Luego viajará a París.

Luego que la comisión mixta aprobara la creación de un canal cultural y la modernización del gobierno corporativo como parte del proyecto de capitalización de TVN, ayer la Sala del Senado visó esas modificaciones y despachó la iniciativa, quedando lista para ser promulgada. Con 23 votos a favor, seis en contra y una abstención, la Cámara Alta visó el informe, lo que se suma a la aprobación previa de los 47 millones de dólares para la casa televisiva y los 18 millones para el canal cultural. Tras la votación la vocera de Gobierno, Paula Narváez, valoró el compromiso de los parlamentarios y afirmó que el discutido canal cultural tendrá "un fuerte énfasis en la población infantil". El sindicato de prensa de la señal estatal celebró en Twitter la aprobación de la ley, señalando que "consolida la misión pública del canal". Los trabajadores agregaron que esto "apunta a generar una sociedad más inclusiva y democrática en acceso a contenidos y programación de calidad".