Un día después de la detención de los oficiales y suboficiales en retiro Luis Zúñiga, Francisco Vásquez, Sergio Hernández, Julio Castañen, Iván Figueroa, Nelson Medina y Jorge Astengo, ayer el juez Mario Carroza inició los interrogatorios a cinco de ellos por su participación en el caso quemados, ocurrido en 1986, cuando quemaron vivos al fotógrafo Rodrigo Rojas DeNegri y a la estudiante Carmen Gloria Quintana en Estación Central, tras una protesta, y los botaron cerca del aeropuerto de Pudahuel. El primero murió y la segunda quedó con heridas que lleva hasta hoy.

"Por fin la verdad se impone. La verdad tarda pero llega", dijo Quintana a CNN Chile desde Canadá. "La lección es que siempre hay que seguir luchando", añadió la tía de Rojas, Amanda DeNegri.

Carroza dijo que sospecha que en el crimen participaron 17 conscriptos de la época. Uno de ellos, Fernando Guzmán Espíndola, se atrevió ahora a contar cómo ocurrieron los hechos y ello está permitiendo aclarar el caso.

Dijo que vio cuando uno de los ahora detenidos ordenó rociarlos y les prendió fuego con un encendedor. Añadió que todo el grupo fue intimidado y obligado a mentir en la investigación judicial.

Hoy el único condenado es el teniente Pedro Fernández Dittus, y fue por su supuesto "actuar negligente" y no socorrer a los heridos.

Carroza comentó en la tarde que los interrogados mantuvieron versiones anteriores, que estuvieron en el hecho y no auxiliaron a las víctimas.

Sin embargo, el jefe del área jurídica del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Rodrigo Lledó, dijo que hubo una operación de encubrimiento del alto mando, que involucró "amenazas y premios" a los que participaron del ataque.

La dirigenta de los familiares víctimas de la dictadura, Alicia Lira, aseguró que el "pacto de silencio en el Ejército se mantiene pese a los años y a la gran cantidad de comandantes en jefe que han pasado". El jefe del programa de DD.HH., Francisco Ugás, coincidió y agregó que ello también se ha expresado en hechos como el crimen de Víctor Jara y el caso Conferencia. Ante esto, el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, llamó a quienes tengan información a que la entreguen. "En hechos horrorosos como este, debe haber justicia", comentó.

A casi 42 años del hecho, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, acusó ayer a diez funcionarios del Ejército en retiro por su responsabilidad en los delitos de secuestro y homicidio del cantautor Víctor Jara y el ex director de Gendarmería, Littré Quiroga Carvajal.

El juez procesó como autores de homicidio calificado a los militares Hugo Sánchez Marmonti, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Jorge Smith Gumucio, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana, Hernán Chacón Soto y Patricio Vásquez Donoso.

En tanto, por secuestros simples acusó a Sánchez, Dimter, Haase, Smith, Bethke, Jara, Chacón y Vásquez.

Además, acusó como autor solo de los secuestros calificados de Jara y Carvajal a Raúl Jofré González; y como encubridor de los delitos de homicidio calificado y de secuestro simple a Rolando Melo Silva.

Quiroga fue detenido y torturado el 11 de septiembre, el mismo día del golpe de Estado, mientras que Jara fue apresado al día siguiente en la Universidad Técnica del Estado. Ambos fueron llevados al ex Estadio Chile, donde sufrieron torturas y fueron asesinados. El músico recibió al menos 44 balazos y el gendarme, 23.

A través de un escueto comunicado, la Fiscalía informó de la designación del fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, en la jefatura de la investigación del caso Cascadas, en reemplazo de José Morales. Según el Ministerio Público, la decisión se debe a que se atendió "a la especial complejidad de la investigación y a la necesidad de una racional y adecuada distribución de la carga de trabajo". La inclusión de Morales en el equipo será decidida por Montes.

El secretario general de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió a las violaciones a los DD.HH. ocurridos en dictadura y dijo que "hay gente que trabajaba en el gobierno (de Augusto Pinochet) que no sabía lo que estaba pasando. No es automático decir (Alberto) Cardemil, (Jovino) Novoa trabajaban en el gobierno; ergo, sabían. Eso no se puede decir, porque es una irresponsabilidad" y agregó a radio Cooperativa que muchos "se compraban el discurso de hechos aislados".

El ministro del Interior, Jorge Burgos, dijo que no sabía si recibió doble viático por labores nacionales y en el extranjero mientras era diputado. "Si me los dieron los devuelvo de inmediato, es cuestión que me digan no más", dijo. "Si me pagaron mal no es mi responsabilidad, no soy de la tesorería de la Cámara. Y si no me alcanza le pido a mi señora", bromeó.

La Cámara de Diputados despachó ayer al Senado el proyecto que introduce mejoras al transporte público, entre ellas, la inyección de US$ 2.700 millones. El proyecto, que fue presentrado por el ministerio de Transportes, quiere subir los recursos del subsidio en $60 mil millones hasta el 2017.