Felipe Gómez G.

La de ayer no fue una jornada tranquila en los pasillos del Parlamento. Ni en las gradas, ni en la sala de la Cámara de Diputados. Todo debido a la discusión por el reajuste del sector público, cuya discusión se reactivó a través de un veto presidencial, tras el rechazo de la semana pasada.

En medio de la sesión realizada en la tarde, el presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade, ordenó el desalojo de la sala. Carabineros intervino y, entre empujones, gritos insultos y protestas, obligó a retirarse del hemiciclo, entre otros, a la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, el presidente de ANEF, Raúl de la Puente y Esteban Maturana, presidente de la Confusam.

Rechazo

Minutos más tarde, cuando se reanudó la sesión, los parlamentarios rechazaron por segunda vez el proyecto de reajuste de 3,2% presentado por el Gobierno, esta vez incluyendo indicaciones por veto presidencial, con 44 votos a favor, 28 en contra y 37 abstenciones.

El rechazo generó reacciones inmediatas. El diputado (ex RN) José Manuel Edwards aseguró que "esta es una situación inédita y lo que demuestra es que el Gobierno está con un problema de gobernabilidad muy grande".

Más tarde, el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, lamentó lo ocurrido en el parlamento. "Cada uno tendrá que hacer su reflexión. El lunes habíamos suscrito un compromiso con los partidos. Todos teníamos la convicción de que el esfuerzo del Gobierno era un esfuerzo serio y razonable con la economía del país", explicó, recordando que el costo del proyecto es de $560 mil milllones.

Anoche en La Moneda se realizaba una reunión convocada por el ministro del Interior, Mario Fernández, para definir los mecanismos a seguir para lograr un acuerdo que permita sellar el reajuste.

mejoras en los bonos Propuesta del gobierno incluía un incremento marginal en el bono de término de conflicto.

ANEF La ANEF continuará el paro y anunció llamado al Gobierno para lograr acuerdo que permita sellar ajuste del sector.

El Ministerio de Salud salió ayer a aclarar que no tiene la construcción de edificios sanitarios paralizadas, como reportó el lunes la Contraloría General de la República al entregar un balance de su gestión fiscalizadora en los últimos años.

Desde la cartera aseguraron que los problemas en los hospitales de Futaleufú, el de Salamanca y el "Carlos Cisternas" de Calama, junto al Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Colbún se produjeron durante la administración pasada y ya se resolvieron.

"Todas las obras fueron adjudicadas en el Gobierno anterior, presentando retrasos dado el quiebre de las empresas; a dos obras que presentaron complicaciones con la empresa Pixel, la que actualmente se encuentra en conflicto legal", agregaron.

"La empresa a cargo del Hospital de Salamanca se declaró en quiebra en abril del 2014, no obstante fue re licitado y se adjudicó nuevamente. En la actualidad, está finalizando sus obras con un 91% de avance", añadieron.

En el caso de Futaleufú, se señaló que tras los inconvenientes con Pixel el proyecto se adjudicó a otra compañía y, en la actualidad, presenta un 63% de avance.

En el Cesfam de Colbún hubo el mismo problema con dicha empresa, pero ya hay otra firma a cargo y la faena está en ejecución.

Finalmente, en Calama en noviembre del año pasado se readjudicó la iniciativa, que ya tiene un 67% de avance en sus obras.

67% de avance registra a la fecha la construcción del hospital de Calama, que en noviembre del 2015 fue readjudicado.

91% de avance lleva el hospital de Salamanca. El de Futaleufú registra un 63%.