El Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (Cruch), que agrupa a los 25 planteles tradicionales del país, le entregó ayer una propuesta con siete ejes al Ministerio de Educación para fijar la anunciada reforma al sector, incluida la gratuidad del sistema.

Su vicepresidente ejecutivo, Aldo Valle, dijo que para una educación gratuita universal antes se deben crear políticas que fiscalicen y pongan condiciones como la rendición de cuentas, transparencia total, estándares de calidad y una revisión eficaz del lucro.

"Cuando no se puede distinguir con claridad entre la inmobiliaria y la corporación universitaria, me parece a mí que el Estado está impedido moralmente de transferir recursos", dijo el rector de la U. de Valparaíso.

El Mineduc anunció que la gratuidad partirá el 2016 para el 60% de los estudiantes más vulnerables de las universidades del Cruch, lo que financiará a través de la ley de presupuestos mientras tramita una ley que reforme el sector y defina un marco y gradualidad.

El Consorcio de Universidades Privadas (CUP) solicitó esta semana al Gobierno que lo extienda para todo tipo de instituciones, partiendo por el 40% más vulnerable.

Valle dijo que es "irresponsable ampliarlo si no se establecen condiciones".

Hoy el 26,3% de las instituciones de educación superior pertenecen al Cruch y un 29,5% son privadas al margen de este organismo. Además, un 10,4% de los establecimientos no tienen ninguna de sus carreras acreditadas, según el Consejo Nacional de Educación (CNED).

Valle criticó que la acreditación fuese optativa. "El Estado debe exigir una cierta calidad de educación", dijo.

La ministra Adriana Delpiano valoró las propuestas del Cruch, a las que destacó como las que "tienen una historia de compromiso con el desarrollo del país" y que " se han ganado, a lo largo de los años, el respeto de la sociedad".

La autoridad aseguró que el proyecto de ley de reforma propondrá un nuevo sistema de acreditación. "Es tarea del Estado garantizar y ser garante de esta calidad", añadió.

El juez Mario Carroza procesó ayer por homicidio calificado y frustrado a un oficial (r) y a cuatro ex conscriptos por su eventual participación en el caso quemados, en el que en 1986 murió el fotógrafo Rodrigo Rojas y quedó grave Carmen Gloria Quintana.

El grupo está encabezado por el entonces teniente de la patrulla militar que realizó el operativo, Pedro Fernández Dittus, quien ya fue condenado a 600 días pero sólo por no prestarle socorro a las víctimas. Esto, porque la versión oficial siempre apuntó a que ambos se quemaron accidentalmente al explotarle una molotov que portaban, lo que los jóvenes desmienten.

A Fernández, el juez sumó el procesamiento de los ex conscriptos Juan González, Walter Lara, Leonardo Riquelme y Pedro Franco. Todos quedaron detenidos, excepto este último, quien quedó con arresto domiciliario nocturno, pues es el único que ha colaborado con la investigación.

Franco habría ratificado la versión de Fernando Guzmán, que acusó al teniente Jorge Castañer de quemar a los jóvenes y ordenar, en acuerdo con el alto mando, no ayudarlos y silenciar las circunstancias hasta hoy.

Ayer el Ejército informó la desvinculación de la institución a "personal a contrata cuya resolución de sometimiento a proceso, en el día de hoy, se encuentra firme". Uno de ellos es Castañer. Además, reiteraron el compromiso de colaborar con la justicia.

El general (r) del Ejército Manuel Contreras continuaba ayer internado con riesgo vital en el Hospital Militar, mientras el presidente de la UDI, Hernán Larraín, aseguró que debido a los 529 años de cárcel que pesan sobre el ex director de la DINA por violaciones a los derechos humanos, éste no debería morir como un oficial del Ejército.

"Manuel Contreras no debería morir como general. Es así (...) Uno quisiera que no muriera como general", dijo a radio Futuro. "Suena violento" que no se le quite el grado a una persona que "no lo merece", agregó.

Ayer el diputado de la misma colectividad, Jorge Ulloa, y amigo del general, aseguró al diario El Sur que en caso de morir, "Mamo" Contreras debe recibir un adiós con honores "por más que a alguien no le guste".

El vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, lo refutó, apeló a una modificación legal de 2009 y aseguró que "no corresponden honores a aquel individuo que ha sido condenado a delitos que merezcan pena aflictiva".

Las estaciones Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones , en la Línea 1 del metro, tuvieron sus servicios suspendidos ayer entre las 16.30 y las 17.07 horas. La interrupción se debió a que se efectuaría una revisión de las vías. La medida fue informada por la cuenta de Twitter de Metro una hora antes del corte y provocó críticas de los usuarios.