Leo Riquelme

A multas de hasta $400 mil se expondrán las personas que se nieguen a una fiscalización por parte de los inspectores municipales, según informaron ayer las autoridades al difundir uno de los aspectos menos conocidos de la ya vigente agenda corta contra la delincuencia, y que busca proteger a los fiscalizadores comunales.

La alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, ejemplificó en que alguien que bota basura al suelo arriesga por su acto un castigo de $200 mil, que se duplicará si se niega a la acción revisora del inspector.

Según la modificación efectuada al Código Penal, éste quedó facultado para retener al infractor y llamar a Carabineros o a la PDI, para que le realice el correspondiente control de identidad y lo detenga, si es necesario.

"Si bien esto fue impulsado como municipio de Santiago, va en beneficio de todos los inspectores municipales del país. En cada municipio donde haya inspectores sus facultades hoy están fortalecidas y su actividad en terreno tiene un respaldo de parte de la ley que se echaba mucho de menos", dijo.

Los ambulantes

Las autoridades esperan que esta modificación signifique también una ayuda para el combate del comercio ambulante ilegal, que en el caso de la capital es enfrentado por Carabineros, la PDI y 146 inspectores.

Desde el 2007 que la comuna tiene una ordenanza municipal que sanciona esta falta, pero era difícil de aplicar ya que los infractores se negaban a presentar su documento de identificación a los inspectores municipales. De hecho, el año pasado como parte del plan "Convive Santiago" se pudo infraccionar a sólo cinco personas.

El cambio legal que ahora permitiría aumentar la persecución se produjo en el artículo 496 del Código Penal, que incorporó sanciones para "el que impidiere el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los inspectores municipales".

El subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, aseguró que la nueva norma es un "tremendo instrumento para proteger a los inspectores y para que haya una sanción real".

$400 mil es la multa para alguien que bote basura en Santiago y rechace la fiscalización.

146 inspectores municipales se desempeñan en la comuna de Santiago para atender las distintas demandas.

Ricardo Gálvez Poblete

En internación provisional en el Instituto Psiquiátrico José Horwitz Barak quedó ayer Dixania Sandoval, de 36 años, quien a las 14.00 horas del lunes intentó llevarse a una niña de un año y 11 meses desde el antejardín de una casa ubicada en el sector El Salto, en la comuna de Recoleta.

Por el delito frustrado de sustracción de menores, la Fiscalía Centro Norte había solicitado la prisión preventiva para la mujer, pero el tercer juzgado de garantía de Santiago, a pesar de dar por establecidas las razones para determinar la prisión preventiva, dictaminó suspender el procedimiento para que la imputada sea sometida a exámenes psiquiátricos, con el fin de dictaminar su estado de salud mental.

El hecho ocurrió cuando Dixania Sandoval González, aprovechando que la madre de la niña abrió el portón de la casa para sacar su automóvil, ingresó hasta el antejardín, tomó a la menor que se encontraba en el lugar e intentó arrancar.

La situación fue advertida por el abuelo de la niña, que resultó ser un suboficial de Carabineros. La mujer se identificó como una funcionaria de la PDI que supuestamente intentaba constatar el estado de salud de la niña. El familiar le pidió su placa policial, por lo que ella se sintió acorralada e intentó escapar, pero fue capturada a los pocos metros por el uniformado.

"En ese domicilio vive un suboficial de Carabineros, el cual se encontraba haciendo uso de su feriado legal, el cual le pide que se manifieste y al haberse acorralada esta mujer, intenta huir", señaló al canal 24 Horas el capitán Enzo Monroy, de la cuarta comisaría de Recoleta.

Según algunos vecinos del sector, la imputada ya había sido observada intentando sustraer a otros niños en lugares aledaños.

La menor se encuentra en buen estado de salud junto a sus familiares.

Mientras tanto, Dixania Sandoval, de ser formalizada por el delito de sustracción de menores, arriesga hasta tres años y un día de prisión.

no sería primera vez que intenta sacar a un niño. Vecinos afirman que ya lo había intentado antes.

se hizo pasar por pdi La mujer, al verse acorralada, afirmó ser una funcionaria de la Policía de Investigaciones.

En el Hospital Herminda Martin de Chillán falleció durante la madrugada de ayer Jorge Montecinos Pinto, de 28 años, imputado junto a su hermano (un menor de edad) como autores del robo con homicidio frustrado en contra de un cajero de un Servipag ubicado en un supermercado de Hualpén, al que quemaron vivo. El sospechoso recibió el viernes una puñalada al interior de la cárcel de Chillán, donde estaba en prisión preventiva. Desde la fiscalía informaron que el agresor está identificado, por lo que será formalizado.

Jacinta Zañartu se mantiene estable dentro de su gravedad en la Clínica Las Condes, tras recibir un doble trasplante de corazón y pulmones. Su primo, Felipe Zañartu, señaló a Emol que "ella está evolucionando de a poquito y luchando con todo (...) No se ven cambios rápidos, todos los días los cambios son muy chiquititos (...) Lo importante es que no tenga hemorragias de nuevo y que sus órganos vayan empezando a funcionar", agregó

Miembros del comité de allegados Futura Nueva Esperanza de La Reina protestaron afuera del Serviu. Denunciaron que han esperado años para conseguir una vivienda propia. "Tenemos la plata, tenemos la familia, tenemos proyecto. Falta un poco más de voluntad política del señor Alberto Pizarro (director del Serviu Metropolitano) para poder solucionar este problema", dijo el dirigente David Vega. El grupo fue recibido por la autoridad.