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  • Con nueva ley buscan echar a violentistas de los colegios públicos

    Proyecto pretende sancionar a quienes porten armas, bombas molotov y agredan a funcionarios. Se envía la próxima semana.

    Diego Gotelli C.

    Luego que el sábado encapuchados rociaran con bencina a funcionarios del Instituto Nacional, y que el martes dos alumnos del Liceo de Aplicación fueran detenidos por lanzar bombas molotov, el Gobierno salió al paso y ayer anunció un proyecto de ley para endurecer sanciones contra los estudiantes violentistas, en la misma jornada que había incidentes en el Darío Salas.

    La iniciativa consiste en facultar a los directores de establecimientos públicos a expulsar o cancelar la matrícula a los alumnos que participen de actos violentos graves.

    Hasta hoy, antes de tomar esas sanciones se debe aplicar el manual de convivencia, que incluye un proceso de 15 días hábiles antes que se pueda dictar el máximo castigo. Durante ese periodo, el estudiante no puede ser apartado del recinto.

    Con la iniciativa, en tanto, se pretende que el aislamiento sea inmediato, dando cinco días corridos al acusado de apelar, pero sin concurrir a clases. De ocurrir este requerimiento, se pedirá un pronunciamiento al Colegio de Profesores para tomar la decisión.

    "Los manuales de convivencia en los colegio están quedando superados ante hechos graves de violencia que se están constatando cada vez con mayor frecuencia", afirmó la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

    El proyecto detalla tres tipos de actos graves en los que se podrá invocar la sanción inmediata: porte de arma; porte y/o uso de artefactos incendiarios; y agresión a cualquier miembro de la comunidad educativa.

    "No estamos hablando de problemas de manuales de convivencia donde uno puede dejar a un niño condicional e intentar que recuperen el rumbo. Estamos hablando de eventos extremadamente graves, de violencia extrema", enfatizó la intendenta Karla Rubilar.

    La medida también detalla que los sancionados podrán recurrir a la Superintendencia de Educación de considerarlo pertinente, y que el Mineduc se encargará de reubicar al estudiante en otro establecimiento.

    El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, valoró que la medida igualaría la facultad que hoy ya tienen los colegios privados, y que con ella aspiran a borrar el estigma que persigue a los recintos públicos. Sólo en su comuna, este semestre han cancelado unas 400 matrículas en liceos emblemáticos.

    la próxima semana será enviado el proyecto al Congreso. El Ejecutivo pidió

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