Leo Riquelme

Efectos insospechados tuvo la difusión de la tortura sufrida por dos imputados del crimen de una mujer en el Barrio República la semana pasada. Ayer, los gremios de gendarmes enviaron un ultimátum al Gobierno, al que le exigieron la instalación de una mesa para discutir un aumento en la dotación de trabajadores, la mejora de sus condiciones laborales y la construcción de nuevas cárceles. En presión, exigieron que si el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, no los recibe a más tardar hoy, iniciarán un paro nacional.

"La crisis carcelaria colapsó", dijo uno de sus dirigentes, Patricio Baquedano.

"Necesitamos medidas urgentes para superar esta profunda crisis, que afecta al sistema desde hace décadas", agregó Andrés Segovia.

Según cifras oficiales, al 31 de mayo en el país había 50.463 personas privadas de libertad. A ellas se suman 61.093 que deben tener algún nivel de vigilancia de parte de Gendarmería, pues se incluyen los con reclusiones nocturnas o parciales. Para todos ellos hay 20 mil funcionarios, de acuerdo a las asociaciones de gendarmes.

Los dirigentes prevén que las cifras de encarcelados aumentarán drásticamente por la política de mayor persecución contra la delincuencia que inició hace unas semanas el Gobierno. Según los datos de la propia Gendarmería, la Región Metropolitana es la que está más presionada por la capacidad que tienen sus 11 centros penales.

"La mayor eficiencia policial también redunda en las cárceles de Chile, pero eso nunca se discute", lamentó en CNN Chile otro de los representantes de los funcionarios, Jorge Pinochet.

Los gremios están indignados por la formalización la semana pasada de un sargento segundo en el penal Santiago I, Héctor Palma, a quien la fiscalía acusa que vio pero no intervino en la tortura que sufrieron los dos ecuatorianos imputados por la mortal paliza propinada a Margarita Ancacoy.

Pinochet criticó que las autoridades no se hayan preguntado qué hacía apenas un funcionario vigilando a los 280 reos que permanecían en dos módulos.

"Yo le pregunto al ministro si él podría manejar a tal cantidad de personas (...) No estamos hablando de un jardín infantil (...) Nadie puede tener un control eficiente ante tales condiciones laborales", reflexionó.

Molestia del gobierno

En la campaña, Sebastián Piñera comprometió la construcción de tres nuevas cárceles, a ubicarse en Copiapó, Talca y en Ñuble.

Los dirigentes plantearon que hay recintos penales en uso que tienen 150 años de antigüedad, en los que a su juicio ya no basta con incorporar tecnología para mejorar las condiciones que ofrecen para quienes viven o trabajan ahí.

Por todo lo anterior es que aseguraron que se mantendrán movilizados hasta que el ministro Hernán Larraín los reciba e incorpore en la discusión de la agenda anti delincuencia.

La amenaza desagradó a La Moneda. "En democracia no tienen cabida los ultimátum, menos cuando existe un Gobierno, autoridades que siempre han promocionado el diálogo para poder abordar los conflictos, para buscar mecanismos de solución en conjunto", respondió la vocera Cecilia Pérez,

Temprano, el ministro Larraín aseguró que la directora de Gendarmería, Claudia Bendeck, tiene el mandato para discutir con los dirigentes de los distintos gremios de funcionarios. "Le hemos pedido que tenga buenas conversaciones para avanzar (...) Necesitamos a los gendarmes para trabajar en la transformación", añadió. En la tarde, tras recibir una carta del gremio, se comprometió a responder.

50.463 personas están privadas de libertad. Hay 61 mil con regímenes también tutelados por Gendarmería.

en la tarde de ayer dirigentes de los gremios de funcionarios entregaron su petitorio en el Ministerio de Justicia y reiteraron ultimátum.

el gobierno dijo que la directora de Gendarmería está mandatada para discutir con los gremios.

El ex contralor general de la República, Ramiro Mendoza, fue elegido por el Presidente Sebastián Piñera para liderar el consejo para la modernización del Estado, instancia que deberá diseñar un informe en 100 días sobre la materia. Entre los doce integrantes destacan la alcaldesa Evelyn Matthei (Providencia) y el ex ministro de Obras Públicas Javier Etcheverry. Ayer el Mandatario firmó un proyecto de ley para reducir los trámites administrativos e impulsar el uso de documentos digitales en la gestión pública.

El tercer tribunal oral condenó a Claudio Donoso Díaz a cinco años de prisión efectiva por robarse una bicicleta el 16 de agosto de 2017 en Providencia. La investigación acreditó que ingresó a un departamento para sustraer el vehículo, lo que fue observado por el conserje. "Se logró una alta pena que debe cumplirse efectivamente en la cárcel por el delito de robo con fuerza en lugar habitado, considerando además que el imputado tenía una serie de anotaciones anteriores", dijo la fiscal Luz Gavilán.

Una discusión por Twitter por el caso La Polar entre el periodista Daniel Matamala y la concejala de Colina, Soledad Vial (RN), derivó en un debate ortográfico por el uso de tilde en la palabra "eso". La dirigente intentó avalar el acento enviándole un documento de la Real Academia Española (RAE). Ayer, la organización le aclaró que "éso" no existe y le exigió en tres tuiteos sacar su logo del documento.

La abogada María Pía Silva Gallinato, egresada y docente de la Universidad Católica, fue electa ayer entre nueve candidatos (ocho hombres) como la nueva integrante del Tribunal Constitucional, tras el cese de funciones de Marisol Peña. Silva obtuvo 11 de los 19 votos y se convirtió en la segunda ministra titular del TC, junto a María Luisa Brahm Barril.